La ley que modifica el Código Penal para castigar ese tipo de acoso entrará en vigor este jueves (14.04.2022), tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La norma, aprobada hace unos días en el Parlamento español, pretende garantizar “la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral”, así como sus “derechos sexuales y reproductivos”.
“El que obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días”, según esta norma.
Las mismas penas están previstas para quien acose a trabajadores de estas clínicas, al advertir la nueva norma que “el acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos es una constante desde la aprobación de la ley por la que se despenalizaba el aborto”.
Un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo en España muestra que el 89 por ciento de mujeres que acuden a estos centros se habían sentido acosadas y un 66 por ciento amenazadas.
“Grupos organizados abordan a mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren en la clínica para que modifiquen su decisión a través de coacciones, intimidación y hostigamiento”, añade el informe.
El aborto es legal en España desde 1985 en centros sanitarios autorizados de forma libre hasta las catorce semanas de embarazo, tras informar a la embarazada de las ayudas públicas a la maternidad, y a partir de ese plazo con un informe médico que lo justifique por circunstancias como malformaciones del feto o riesgo grave para la mujer.
Según datos oficiales, en 2020 hubo en el país 88.269 abortos, con una tasa de 10,3 por cada mil mujeres.
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