Durante la semana pasada se publicaron dos informes de gran relevancia. En primer lugar porque los han realizado la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y el Banco de España. Ambos son los principales supervisores independientes (como dice el nombre de la primera) en la gobernanza económica de España. En segundo lugar, porque dicen más o menos lo mismo. Y lo que dicen es grave.
Comenzando por la AIReF, esta institución se creó después de los cambios institucionales en la Unión Europea realizados entre 2011 y 2012, que supusieron una mayor vigilancia de la política fiscal de los países del euro, incluyendo el cambio del artículo 135 de la Constitución Española (para el control del déficit) y la creación de supervisores en cada país que analizaran la evolución de las cuentas públicas de todas las administraciones. La AIReF acaba de realizar su informe un documento que España remite todos los años a la Comisión Europea a final de abril, la Actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 (APE).
En pocas palabras lo que dice el informe es que, aunque formalmente el documento es lo que las autoridades europeas esperan de España, “dista de ser la estrategia fiscal a medio plazo que la AIReF ha recomendado en numerosas ocasiones al Gobierno que elabore”. Las previsiones incluidas en el APE señalarían un déficit estructural en 2025 todavía del 4% (por encima del anterior a la pandemia en 6 décimas) y un déficit general del 3% tanto en 2024 y 2025, insuficiente para lograr reducir la deuda, que seguiría (a pesar del crecimiento del PIB) en un 108.8% del PIB. Según la AIReF, dado que la política monetaria se va a endurecer, esto deja a España en una situación muy vulnerable. Además, no se integra en el Programa de, Transformación y Resilencia (PRTR), donde se deberían recoger las reformas estructurales realizadas a cuenta de los fondos Next Generation EU (pensiones y mercado de trabajo).
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