El Gobierno español ha comenzado a considerar la posibilidad de una amnistía como un medio para asegurar el respaldo de partidos catalanes como Junts y ERC. Aunque el PSOE previamente consideraba que el alivio penal era inconstitucional, ahora están explorando esta opción, aunque sin ofrecer detalles sobre cómo evitaría violar la Constitución.
La amnistía, que implicaría la extinción de la pena y el perdón del delito, plantea desafíos legales y constitucionales, ya que la Constitución solo permite indultos individuales y prohíbe los indultos generales.
Podría ser vista como discriminatoria y podría llevar a impugnaciones ante el Constitucional. El debate en torno a la amnistía se produce en el contexto de la demanda de los catalanes para obtener el apoyo del PSOE y la liberación de más de 4.000 individuos involucrados en el proceso independentista.
Expertos constitucionalistas cuestionan su viabilidad, señalando que una amnistía requeriría una legislación orgánica con una mayoría cualificada en el Congreso y definiciones precisas sobre qué delitos serían objeto de la misma. Este debate promete ser un desafío legal y político significativo en España.
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