La apertura del año judicial en España se celebra en un contexto de tensión debido al prolongado bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha dejado más de 20 puestos vacantes en el Tribunal Supremo durante casi cinco años.
Preocupa la posibilidad de que el Gobierno promueva una ley de amnistía para beneficiar a los implicados en el procés independentista de Cataluña, una medida que ha enfrentado la oposición del propio Tribunal Supremo en casos anteriores.
Aunque el PSOE y Sumar trabajan en buscar un encaje constitucional para esta amnistía, será el Tribunal Constitucional quien determine su constitucionalidad, si llega a producirse.
Este contexto de tensión en el sistema judicial español se suma a la necesidad de abordar la renovación del CGPJ y sus implicaciones en el funcionamiento del poder judicial en el país.
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