En medio del impulso de proyectos industriales y de energía gracias a los fondos europeos, el suministro eléctrico se ha convertido en el epicentro de una creciente disputa entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en España.
La capacidad de acceso a la red eléctrica se ha vuelto crucial para atraer inversiones y llevar a cabo la transición energética.
La modificación puntual del Ministerio para la Transición Ecológica, destinada a permitir la conexión de 64 proyectos antes de 2026, ha desencadenado una ‘guerra’ entre las autoridades autonómicas y el Gobierno, que, según fuentes del sector, podría intensificarse con la planificación eléctrica a medio plazo.
Las comunidades autónomas, competentes en la ordenación de su territorio, reclaman un acceso más rápido a la red para garantizar la ejecución de cientos de proyectos.
La tensión se acentuó durante la Conferencia Sectorial de Energía, donde la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, enfrentó las críticas de las comunidades que consideran insuficiente la modificación propuesta.
A pesar de la resistencia inicial, se vislumbra un posible cambio de actitud de Ribera, quien ahora se muestra dispuesta a estudiar algunas de las demandas autonómicas.
El conflicto amenaza con prolongarse, ya que se avecina otro enfrentamiento en la planificación eléctrica entre 2026 y 2030, donde las comunidades con más parques renovables reclaman un mayor acceso a la red.
La disputa no solo se centra en la necesidad de suministro eléctrico, sino que también se convierte en un escenario político, donde algunas comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular encuentran un terreno para hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.
A medida que las inversiones y proyectos industriales se dinamizan, la pugna entre el Gobierno central y las autonomías por el acceso a la electricidad se perfila como uno de los principales desafíos en el horizonte energético de España.
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