Desde el lunes, España ha implementado una nueva medida en sus aeropuertos que ha generado polémica y debate. Se trata de la exigencia de un visado de tránsito para los viajeros con pasaporte de Senegal que deseen hacer escala en territorio español.
Esta decisión surge como respuesta al reciente repunte de llegadas de migrantes, especialmente de países africanos como Senegal, que ha llevado al desbordamiento de los servicios y salas de solicitud de asilo en el aeropuerto madrileño de Barajas durante los meses de diciembre y enero.
La medida, aunque dirigida inicialmente a los viajeros senegaleses, también afecta a ciudadanos de otros países que ya requerían el visado Schengen para ingresar a España, así como a nacionales de países como Cuba, India y Siria.
Este movimiento ha sido respaldado por ciertos sectores, incluidos los sindicatos policiales, quienes han denunciado las difíciles condiciones de trabajo durante la crisis de Barajas y han instado a extender la exigencia del visado a los viajeros procedentes de otros países subsaharianos.
Sin embargo, la medida también ha generado críticas significativas. Organizaciones no gubernamentales como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado han denunciado que esta exigencia dificulta aún más el acceso a la protección para aquellos que buscan asilo y forma parte de lo que consideran una estrategia más amplia de externalización de fronteras europeas.
Según estas ONGs, estas políticas ponen en peligro la vida de miles de personas que buscan refugio y protección en Europa. La medida ha avivado el debate sobre las políticas migratorias y la protección de los derechos humanos en la región.
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