El Gobierno español se prepara para una agónica negociación con Junts, confiando en que la ley de amnistía finalmente se apruebe el próximo mes de marzo. A pesar de los avances reportados, fuentes gubernamentales anticipan una batalla difícil con el partido liderado por Carles Puigdemont, sugiriendo que este último ejercerá presión hasta el último momento para que el texto se ajuste a sus demandas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido firmemente la aprobación de la ley “con todas las garantías jurídicas”, en medio de preocupaciones sobre la posible concesión a las aspiraciones de amnistía del partido independentista, las cuales son negadas categóricamente por fuentes de Moncloa.
Aunque se trabaja simultáneamente en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, se reconoce que estos no serán aprobados hasta que la ley de amnistía sea ratificada. Aunque en el Gobierno aseguran que Junts no ha condicionado explícitamente los Presupuestos a la amnistía, existe la posibilidad de un rechazo de estos si las demandas en la ley de amnistía no se satisfacen por completo.
La tensión se refleja en la preocupación gubernamental por el modus operandi de Junts, aunque se minimizan los gestos maximalistas del partido en aras de alcanzar un acuerdo. A pesar del cansancio evidente en Moncloa por la prolongada discusión sobre la amnistía, el Gobierno traslada toda la presión a Junts, sugiriendo que seguirá adelante con su agenda legislativa independientemente del resultado de la votación.
En caso de un eventual rechazo de la ley de amnistía, el Ejecutivo asegura que continuará su mandato sin depender del respaldo de Junts en el Congreso de los Diputados.
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