El grupo parlamentario Sumar ha instado al Gobierno a considerar la imposición de sanciones a los administradores de fincas que incrementen los alquileres de contratos de renta antigua en más del 3%, establecido como límite por la Ley de Vivienda para 2023 en toda España.
La iniciativa surge ante denuncias de inquilinos, especialmente en ciudades como Barcelona y Lleida, quienes han experimentado aumentos superiores al tope legal desde 2022.
Sumar, liderado por Yolanda Díaz, busca proteger a un sector vulnerable, en su mayoría personas mayores, que se ven afectadas por estas prácticas abusivas.
A través de preguntas parlamentarias, Sumar ha solicitado al Ejecutivo medidas para garantizar el cumplimiento del tope de alquiler y la recuperación de pagos indebidos por parte de los arrendatarios.
La portavoz adjunta del grupo, Aina Vidal, ha alertado sobre incrementos excesivos, llegando incluso al 20%, y ha urgido al Ministerio de Vivienda a intervenir en la situación.
El llamado del grupo político se centra en asegurar el respeto a la legalidad vigente y proteger a los inquilinos de posibles abusos por parte de arrendadores y administradores de fincas.
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