El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el traspaso al patrimonio de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) —que tiene previsto convertirse en la nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo— de ocho instalaciones y terrenos de antiguas cárceles que, de haber albergado celdas, pasarán a convertirse en 1.332 viviendas “protegidas y asequibles” en ocho provincias de cinco comunidades autónomas.
No es la primera vez que la empresa pública incorpora este tipo de activos para reconvertirlos en viviendas. Ya hizo lo propio con 17 inmuebles en propiedad del Ministerio de Defensa con capacidad para 1.000 viviendas y, posteriormente, con 30.000 casas y 2.400 suelos en propiedad de la Sareb (el conocido como banco malo) desde la crisis financiera.
En esta ocasión, son terrenos e inmuebles por valor de más de 78 millones de euros que en el pasado tuvieron un uso carcelario y que están repartidos “por lo ancho y largo” del país: Carabanchel (Madrid), Sevilla, Córdoba, Denia (Alicante), Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca (Burgos).
Y, al igual que ocurrió con las viviendas y suelos de la Sareb, el Gobierno establecerá una pasarela por la que el Ministerio no asumirá el pago de los mismos.
Más de un tercio de las viviendas, en la cárcel de Carabanchel
Según ha señalado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, algunos de estos terrenos tienen “un carácter muy emblemático” y “emocional para nuestro país” pues “en algunos momentos de nuestra historia se produjeron situaciones de represión y de privación de libertades y de derechos”, por lo que a su juicio “es necesario traer a nuestro recuerdo y resignificar”.
Entre otros, se encuentra el terreno de la madrileña cárcel de Carabanchel, que funcionó hasta 1998, que albergará unas 508 viviendas en sus 27.000 metros cuadrados. Ahora, Sepes se encargará de la completa urbanización de la actuación, aunque le corresponden tres parcelas y parte de una cuarta compartida.
Por su parte, la cárcel de la Ranilla (Sevilla) acogerá 240 viviendas. Fue construida en los años 30 y abandonada a finales de siglo. Según puntualiza Vivienda, en la Guerra Civil se hacinaron en ella miles de presos políticos republicanos, teniendo también un barracón de mujeres.
Mientras que en la antigua cárcel de Córdoba se construirán 174 viviendas, después de que en 2024 Interior adjudicase la obra de urbanización del solar, pero se anulase posteriormente por precios desactualizados que hacían inviable el proyecto. “En este caso ya no tendríamos que demoler porque nos encontramos con los terrenos y, por tanto, eso agiliza el tiempo en que veamos convertidos estas instalaciones en vivienda”, ha añadido Rodríguez.
En la de Denia, en Alicante, que está pendiente de demolición, se levantarán 145 viviendas; y en la cárcel provincial de Huesca —construida en los años 40 y 50— se prevé disponer de 140 viviendas.
Por último, en la de Torrero (Zaragoza), que también fue escenario de la represión franquista y cuya demolición comenzó en 2005, construirán 64 nuevas viviendas; en la de Segovia, 53 viviendas; y en la de Briviesca (Burgos), un total de 8.
Pide a los ayuntamientos agilizar los trámites
Rodríguez ha destacado, además, que estos terrenos se encuentran en “centros urbanos”, lo que ayudará a “consolidar la convivencia en los barrios” y que las viviendas “no estén aisladas”. “Por eso todos estos trabajos, estos desarrollos, además de trabajarlos con las administraciones competentes, los trabajamos con los vecinos, con los barrios, para que efectivamente lo sientan como propio”, ha puntualizado la ministra.
Y ha anunciado que durante la mañana de este martes se ha dirigido a todos los ayuntamientos donde están enclavados estas instalaciones “para agilizar lo antes posible toda la tramitación urbanística y de desarrollo” con el fin de que “cuanto antes” estos terrenos e instalaciones puedan ser una vivienda.
