El ministerio de Función Pública ha dado el primer paso para reducir la jornada laboral de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) a 35 horas semanales. El departamento que dirige Óscar López se ha reunido esta mañana con UGT y CCOO para informarles de que ha arrancado el procedimiento para implantar el recorte horario. Así lo ha trasladado Función Pública en una breve nota difundida a los medios de comunicación este miércoles.
La secretaría de Estado de Función Pública ya está trabajando en unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo para el personal de la AGE y sus organismos públicos. Este departamento ha convocado a los cargos directivos de personal de los distintos ministerios el 10 y el 11 de febrero para informarles de la modificación de la jornada. Después, elevará el asunto a la Mesa General de la Administración del Estado, donde terminará de negociar los detalles con los sindicatos. Fuentes sindicales estiman que la reducción de jornada podría estar implantada en marzo o incluso a finales de febrero, una vez superado todo el proceso negociador.
La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para los funcionarios del Estado es una vieja reivindicación de los sindicatos de la administración pública. La mayoría de los empleados públicos de comunidades autónomas y de los grandes ayuntamientos ya disfrutan de la semana laboral de 35 horas, mientras que la AGE sigue anclada en las 37,5.
Según el último boletín estadístico de funcionarios, esta reducción de jornada beneficiaría a 246.418 empleados públicos. De ellos, 96.411 son personal de los ministerios, 63.408 pertenecen a organismos autónomos (el SEPE, el CIS, el INE, el INTA…), otros 23.892 corresponden a entidades públicas empresariales (como Renfe, el ICO, AENA, los reguladores…) y 20.578 están adscritos a agencias estatales (20.578).
El resto, son trabajadores de autoridades administrativas independientes, universidades públicas de titularidad estatal y otros entes de derecho público. En principio, la reducción de jornada dejaría fuera a los 280.012 empleados públicos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también a la administración de justicia, donde trabajan 14.400 personas.
Compromisos pendientes
UGT y CCOO pactaron con el Gobierno implantar el recorte horario en el acuerdo salarial firmado para el periodo 2022-2024. Sin embargo, el Gobierno tenía la medida congelada en un cajón, para disgusto de las organizaciones sindicales. Tras la firma del nuevo acuerdo salarial, que recogió subidas acumuladas de hasta un 11% entre 2025 y 2028, se retomó la cuestión de la jornada.
En un primer momento, los sindicatos anunciaron que habían arrancado el Gobierno el compromiso de tener la medida lista a finales de marzo. Sin embargo, en una segunda reunión celebrada la semana pasada, las centrales sindicales denunciaron que Función Pública quería retrasar la implantación del recorte horario hasta que se aprobasen Presupuestos Generales del Estado (PGE). Una decisión que dejaba en el limbo la reducción de jornada, sobre todo si se tiene en cuenta que el Ejecutivo no tiene atados los apoyos para sacar adelante unos nuevos presupuestos (los que están vigentes actualmente se han prorrogado ya tres años seguidos).
El anuncio de Función Pública ha sido bien recibido por los sindicatos. En un comunicado conjunto, UGT y CCOO han celebrado el movimiento, que consideran una vuelta a lo pactado inicialmente. “Función Pública ha garantizado que sigue intacto el compromiso de implantar la jornada de 35 horas y que en breve se convocarán las mesas de negociación correspondientes”, señala la nota. CSIF, sindicato mayoritario en la administración central, también ha valorado positivamente la noticia, aunque ha destacado que llega “con más de tres años de retraso”.
Los sindicatos recuerdan también que está pendiente la aplicación de la jubilación anticipada parcial para el personal laboral de las administraciones públicas, que también está pactada con el Ejecutivo. CCOO y UGT han exigido que se recupere inmediatamente esta medida y han emplazado a los grupos parlamentarios a que zanjen definitivamente este asunto.
Otro de los asuntos pendientes que quedan por negociar es el desarrollo del teletrabajo, que lleva pendiente desde abril de 2021. A este se añaden otros asuntos como la promoción interna, la actualización de cuantías por razón de servicio o el refuerzo de Muface.
