Este lunes empieza una nueva campaña de movilizaciones de los médicos contra el Estatuto Marco del Gobierno. Más de 210.000 médicos han sido llamados a secundar una huelga nacional indefinida en España, después de la manifestación de este sábado, en la que miles de profesionales médicos y facultativos mostraron su rechazo a la norma del Ministerio de Sanidad, y dieron el pistoletazo de salida a un periodo de protestas y paros que se prolongará durante los próximos meses.
Este lunes empieza la primera huelga que tendrá siempre la duración de una semana al mes, al menos, hasta junio. Los paros están convocados, así, para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.
La reivindicación clave es la misma que la que originó el conflicto hace ya más de un año: piden un estatuto médico propio, ajeno al resto de los sanitarios (el documento actual aglutina a todos los profesionales) y en el que se recojan las particularidades de su profesión. Algo que, para el departamento que dirige Mónica García, ha sido siempre una línea roja.
Sanidad acabó acordando un texto definitivo con los sindicatos mayoritarios del sector, del que se descolgaron los que componen el comité de huelga —CESM, Sindicato Médico Andaluz (SMA), Amyts, Metges de Catalunya, SME y O’MEGA— por considerar que este no aborda cuestiones fundamentales, como las condiciones laborales de los facultativos, y que el capítulo que se dedica a los médicos trata de forma insuficiente el tema de las guardias.
Los sindicatos médicos reprocharon entonces que Sanidad pactase un Estatuto Marco con otras organizaciones y sin considerar sus peticiones. El acuerdo de García con los sindicatos del Ámbito de Negociación acabó dinamitando las relaciones entre los facultativos y el Gobierno, que quitó hierro a la disputa y celebró haber podido cerrar un primer texto definitivo con cambios significativos, como el tope a las guardias (que no podrán ser de más de 17 horas); descansos mínimos de 12 horas entre jornadas; medidas que afectan a la movilidad de los trabajadores; acceso voluntario a la jubilación parcial; jornada laboral de 35 horas semanales; o la convocatoria de oposiciones cada dos años.
“Son mejoras que llevamos soñando desde hace muchos años”, aseguró la ministra, que reconoció que en algún momento de los tres años que ha durado la negociación, con más de 60 reuniones, tuvo la tentación de meter el Estatuto Marco “en un cajón” y abandonar el compromiso de renovar la norma actual, que data de 2003.
Las comunidades han fijado ya servicios mínimos para garantizar la atención sanitaria en la semana de huelga que empieza este 16 de febrero y que arrancará con la manifestación convocada para dos días antes, el 14 de febrero, y la cual recorrerá el trayecto entre el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Sanidad.
Hace unas semanas, Mónica García envió una carta a los sindicatos del comité de huelga en la que les pedía que reconsiderasen su decisión y desconvocaran unos paros que, a su juicio, no estaban justificados y que acarrearían “serias dificultades” para los pacientes. Pero el malestar entre los médicos y facultativos y los MIR solo aumentó después de sentirse apartados de la mesa de negociación del texto. Aunque sí que le han tendido la mano a la ministra, a quien piden que abra un canal de comunicación entre ambas partes para volver a intentar llegar a un acuerdo; y han insistido en más de una ocasión en que este es un asunto que no solo compete a Sanidad, sino que atañe a otros ministerios como Hacienda y al conjunto de las comunidades autónomas.
“No nos han escuchado en la Mesa del Ámbito. No nos han escuchado en el Comité de Huelga. Hagamos que nos escuchen en la calle”, reivindicó el sindicato CESM esta semana, anticipando la “fecha de gran importancia” que supondrá este 14 de febrero para la profesión médica y facultativa. Por ahora, el Ministerio de Sanidad no se ha vuelto a pronunciar sobre los paros y, en principio, sigue adelante con su reforma que, en todo caso, está todavía en fase de borrador. A la norma le queda todavía un largo camino por delante: debe aprobarse dos veces en Consejo de Ministros y superar la negociación de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación definitiva.
