El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros un paquete de medidas de respuesta a la guerra en Oriente Próximo que incluye una fuerte rebaja de impuestos a los carburantes y a la factura de la luz y el gas, ayudas a los sectores más afectados y que también recupera parte del escudo social que decayó recientemente. Las medidas han visto la luz casi tres semanas después de que estallase el conflicto.
Además, tras la negociación in extremis con Sumar, el Ejecutivo ha incluido en este decreto una disposición para vigilar los márgenes empresariales. Una fórmula que se traduce en reforzar las capacidades de supervisión y transparencia de la CNMC (el regulador de competencia) para evitar que las empresas aprovechen la crisis o las ayudas para obtener beneficio.
El paquete está compuesto por 80 medidas y tendrá un coste para los españoles de unos 5.000 millones en su conjunto, según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado que las medidas entrarán en vigor este sábado. El presidente ha defendido que se trata del “mayor escudo social y económico de toda la UE” y ha asegurado que estará vigente “el tiempo que sea necesario”.
Además, Sánchez ha abierto la puerta a ampliar las medidas de respuesta si la crisis se agravase y ha trasladado que el decreto se llevará al Congreso para su convalidación por los grupos parlamentarios la próxima semana. “Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes y debe volver íntegro a ellos”, ha defendido el presidente.
Bajada de 30 céntimos por litro las gasolinas
En materia energética, el Ejecutivo ha aprobado una bajada del IVA de los carburantes, que pasaría del 21% actual al 10%. Una medida de alivio en el surtidor que viene acompañada también de una reducción al mínimo legal de del impuesto sobre los hidrocarburos. Este grupo de medidas se traducirá, según el presidente, en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro repostado en función del carburante (unos 20 euros por depósito).
Además, el Ejecutivo ha aprobado conceder una ayuda de 20 céntimos por litro repostado a los sectores profesionales más afectados por la guerra: el sector agrario y el transporte. En un esquema que recuerda al que se adoptó durante la guerra en Ucrania. Esta medida se adaptará también para facilitar la compra de fertilizantes, uno de los productos más potencialmente afectados por las subidas de precios provocadas por el conflicto.
Rebaja del 60% en la fiscalidad de la luz
El paquete de medidas incluye también una fuerte rebaja fiscal a la factura de la luz del 60% que en este caso sí imita la fórmula que se aplicó tras la invasión de Ucrania. El Ejecutivo ha decidido reducir el IVA del recibo del 21 al 10%, ha recortado el impuesto especial eléctrico del 5 al 0,5% (el mínimo legal) y ha suspendido el impuesto a la producción que abonan las empresas generadoras de electricidad. En esa misma línea, el Gobierno ha aprobado también una congelación del precio máximo del gas butano y propano y reducir del 21 al 10% el IVA del gas natural, los pellets y la leña.
La bajada de impuestos que ha diseñado el Ejecutivo es bastante más generalizada y ambiciosa de lo que los ministerios habían ido deslizando en un primer momento, cuando se apuntó a medidas más quirúrgicas y focalizadas en sectores como el campo o el transporte.
Estas medidas, de carácter más coyuntural, van acompañadas de otras más estructurales, ha señalado el presidente. Entre ellas, está un “paquete masivo” de deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga de coche eléctrico y bombas de calor. También se concederán ayudas para aclimatar edificios.
Vuelta parcial al escudo social
Más allá de la cuestión fiscal, el Gobierno tiene previsto recuperar parte de las medidas del escudo social que decayeron al no haber logrado la convalidación parlamentaria a finales del mes pasado. En concreto, se recuperará la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables y se ampliará el bono social eléctrico, que introduce descuentos en la factura de la luz a consumidores con pocos recursos.
Además, finalmente, el Ejecutivo ha aprobado de forma inesperada un segundo texto en el que accede a congelar el precio de los alquileres durante los próximos dos años. Una reivindicación del socio minoritario de la coalición, Sumar, que ha llegado a paralizar el Consejo de Ministros durante unos momentos como medida de presión para lograr sus pretensiones.
Tres semanas de guerra
El paquete de respuesta del Ejecutivo llega cuando se cumplen ya tres semanas desde los primeros ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos a Irán. Desde entonces, la guerra ha ido escalando y contagiándose a los precios de los productos energéticos de los que España es muy dependiente.
El petróleo se ha disparado por encima de los 100 dólares el barril de Brent y ha arrastrado tras de sí a los carburantes, que suben ya entre un 19 y un 32% desde que estalló el conflicto. El precio medio del diésel ronda ya los dos euros por litro, mientras que el de la gasolina se acerca poco a poco a los 1,8 euros por litro de repostaje. Esto ha llevado a que llenar un depósito de diésel cueste ya más de 100 euros.
El conflicto también ha golpeado de lleno a los precios del gas que se han duplicado desde que comenzaron las hostilidades en Oriente Próximo. Sin embargo, el impacto ha sido mucho menor que cuando comenzó la guerra en Ucrania. El precio del gas en su referencia en Países Bajos ronda los 60 euros el megavatio hora, mientras que en los primeros compases de la invasión a Ucrania llegó a superar los 300 euros entre un temor al desabastecimiento.
