El PP pide la dimisión de Sánchez y Vox tilda a su entorno de “chorizos” tras la condena al hermano del presidente

La oposición en bloque ha elevado al máximo su presión sobre el Palacio de la Moncloa. El Partido Popular (PP) ha reclamado formalmente la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidiendo con las duras descalificaciones de Vox, cuyo núcleo dirigente ha tildado de “chorizos” al entorno del jefe del Ejecutivo. La ofensiva coordinada de la derecha y la extrema derecha se produce como reacción directa a la reciente sentencia condenatoria emitida contra el hermano del mandatario.

El PP sitúa a Sánchez en una situación “insostenible”

Desde la sede de la formación de Alberto Núñez Feijóo sostienen que la continuidad de Sánchez al frente del Consejo de Ministros es “incompatible” con la gravedad de los hechos juzgados. Portavoces del PP han subrayado que la responsabilidad política es “directa e ineludible”, acusando al presidente de utilizar las instituciones del Estado como escudo defensivo familiar. Los populares ya han anunciado que registrarán una batería de preguntas en el Congreso y no descartan solicitar nuevas comisiones de investigación.

Vox eleva el tono e incluye al entorno presidencial

Por su parte, el partido liderado por Santiago Abascal ha optado por una retórica más agresiva. En comparecencias públicas y redes sociales, los representantes de Vox han generalizado las acusaciones de corrupción empleando términos como “chorizos” para definir a los colaboradores y familiares más cercanos de Sánchez. La formación exige no solo la convocatoria inmediata de elecciones generales, sino también la depuración de responsabilidades en los ministerios que, a su juicio, facilitaron las actividades objeto de la condena.

Reacción del Ejecutivo y del PSOE

Fuentes gubernamentales y del Partido Socialista (PSOE) han cerrado filas en torno al presidente, calificando la respuesta de la oposición como un “ejercicio de oportunismo político” y una “campaña de acoso y derribo”. Desde las filas socialistas se insiste en el respeto a las resoluciones judiciales, pero matizan que los hechos evaluados corresponden al ámbito estrictamente privado y no afectan a la gestión de la administración pública.

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