Al finalizar la presente legislatura en 2027, el Ejecutivo central habrá reservado cerca de 15 millones de euros para la implementación de las lenguas cooficiales en el ámbito parlamentario. Según revelan los registros de contratación del Portal de Transparencia analizados por el diario La Razón, estas partidas plurianuales aseguran el despliegue técnico para el catalán, el euskera y el gallego tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.
La medida, que supuso una reforma del Reglamento del Congreso impulsada por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, encara su recta final presupuestaria consolidada como una práctica habitual en las sesiones de control y comisiones.
Un desglose de 300,000 euros al mes
Los acuerdos contractuales vigentes contemplan un gasto máximo anual en la Cámara Baja que roza los 4 millones de euros (concretamente 3.9 millones), lo que se traduce en un coste superior a los 300,000 euros mensuales destinados a romper las barreras idiomáticas dentro del Hemiciclo.
El presupuesto se divide en tres ejes de asistencia técnica indispensables para el desarrollo de los plenos:
- Interpretación y traducción simultánea: El bloque mayoritario financia el sueldo de los traductores en directo, servicio que en ejercicios previos supuso un desembolso directo de más de 2.1 millones de euros.
- Subtitulado en castellano: Diseñado para las retransmisiones oficiales en directo, genera un coste aproximado de 670,000 euros, promediando casi 200 euros por cada hora de trabajo.
- Transcripciones escritas: La documentación oficial e histórica de los diarios de sesiones consume una partida cercana a los 500,000 euros.
El catalán lidera el uso en el Hemiciclo
Aunque el Portal de Transparencia no ofrece un desglose oficial del gasto exacto por cada idioma de forma independiente, fuentes parlamentarias confirman que el catalán y sus diferentes dialectos concentran la mayor parte de los recursos económicos.
Esta tendencia responde directamente a la aritmética parlamentaria del Congreso. Cataluña cuenta con una de las representaciones más amplias de la cámara; formaciones como Junts y ERC suman 14 diputados que recurren habitualmente a su lengua materna para formular preguntas o debatir con el presidente del Gobierno.
El horizonte de 2027 dictará su futuro
La medida continúa despertando un intenso debate político en España. Mientras los partidos nacionalistas e independientes defienden el gasto argumentando que garantiza el pluralismo y el derecho a expresarse en lenguas cooficiales, los sectores de la oposición critican el desembolso al recordar que todos los representantes dominan plenamente el castellano.
La continuidad de este sistema de traducción simultánea pende de un hilo político. Dado que los contratos actuales están blindados y son prorrogables únicamente hasta finales de 2027, el resultado de las próximas elecciones generales será el factor decisivo que determine si los icónicos “pinganillos” se mantendrán de forma definitiva en los escaños españoles o si serán retirados por un cambio de color en el Ejecutivo.
