Los principales sindicatos de España han acordado convocar una huelga general nacional de 24 horas para el próximo miércoles 11 de noviembre. La histórica movilización, centrada en la emergencia de acceso a la vivienda y la exigencia de salarios dignos, tendrá lugar en plena precampaña y a tan solo 48 horas del inicio oficial de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, confirmó que la fecha ha sido pactada con CCOO, sumándose formalmente a la iniciativa promovida por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y colectivos de activistas. Esta convocatoria supone un hito en las relaciones laborales de España, al ser la primera huelga general conjunta de los dos sindicatos mayoritarios en 14 años, además de contar con el respaldo de agrupaciones autonómicas clave como la gallega CIG y las vascas ELA y LAB.
El detonante directo de este paro ha sido la creciente ola de descontento social por el alza de los precios de los alquileres. El detonante social se agudizó tras el reciente desahucio de una mujer de 87 años en Madrid y el posterior campamento de protesta en la Puerta del Sol. Políticamente, la protesta se produce después de que el Congreso rechazara la pasada semana los decretos leyes del Gobierno destinados a regular el mercado inmobiliario, lo que propició el adelanto electoral por parte del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Críticas de la patronal y la oposición
La colocación de la fecha ha provocado un rechazo frontal por parte del sector empresarial y la oposición política, quienes consideran la medida como un instrumento partidista. La CEOE y Cepyme han cuestionado de inmediato la legalidad del paro general, catalogándolo como una «huelga política» ajena al interés estrictamente laboral, ya que persigue forzar cambios presupuestarios y legislativos en las administraciones públicas.
Por su parte, el Partido Popular ha reprochado el «mutismo sindical» de los últimos ocho años y ha criticado que la movilización parezca dirigirse «contra la oposición» que votó en contra de los decretos y no contra la gestión del propio Gobierno. Paralelamente, el sindicato de funcionarios CSIF se ha desmarcado por completo del paro general, argumentando que su carácter independiente les impide secundar protestas con claras motivaciones electorales.
A pesar de los cuestionamientos, los convocantes defienden que existe una «relación directa» inseparable entre la precariedad de los sueldos y la imposibilidad de asumir los costes habitacionales actuales. El propio Ejecutivo, a través del ministro Félix Bolaños, ha expresado que comparte los motivos del paro al reflejar un «sentir generalizado» de la sociedad civil en torno a la problemática inmobiliaria.
