El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto ley destinado a articular un paquete de ayudas urgentes para las víctimas y familiares afectados por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que dejó un saldo de 69 personas muertas y decenas de heridos. La medida busca agilizar el apoyo económico y laboral, eludiendo los tiempos de los procesos judiciales.
La reunión del Ejecutivo tendrá además un fuerte componente de rendición de cuentas, en medio de la conmoción nacional y la presión de los partidos de la oposición de cara a los próximos comicios del 29 de noviembre.
Informe de Adif y comparecencia de Óscar Puente
Durante la sesión, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presentará un informe con las conclusiones preliminares remitidas por Adif sobre las causas del choque técnico en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Posteriormente, el ministro ofrecerá una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa para desgranar la letra pequeña de las indemnizaciones. Tras la comparecencia gubernamental, Puente acudirá a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para responder a los grupos parlamentarios.
Adelantos económicos y coberturas del decreto
Tomando como referencia el modelo de protección utilizado en siniestros previos como los de Adamuz y Gelida, el borrador normativo prevé duplicar las indemnizaciones base fijadas en el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) y facilitar la entrega de anticipos financieros inmediatos.
El esquema de coberturas preliminar establece:
- Lesiones de máxima gravedad: Ayudas directas de hasta 84,141 euros para diagnósticos severos como tetraplejías o daños cerebrales.
- Lesiones moderadas y fracturas: Un baremo escalonado en 14 categorías con importes mínimos desde los 2,404 euros.
- Incapacidad temporal: Un procedimiento especial que eximirá a los trabajadores heridos de acreditar periodos mínimos de cotización para cobrar la baja médica de la Seguridad Social.
Estas prestaciones estatales de urgencia serán totalmente compatibles con las indemnizaciones por responsabilidad civil que dictaminen los tribunales una vez concluyan las investigaciones judiciales en curso.
