El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dictado una resolución sin precedentes en el sector oleícola al decretar la inmovilización obligatoria del 12% del aceite de oliva producido durante la campaña 2026/2027. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supondrá retirar temporalmente del mercado unas 188.000 toneladas de producto con el objetivo de frenar la drástica caída de los precios en origen y garantizar la estabilidad del sector.
Esta regulación de la oferta responde a las previsiones de una cosecha excepcionalmente abundante, estimada en 1,6 millones de toneladas (un 23% más que el año anterior), sumada a un elevado stock de enlace de 357.040 toneladas. Al superarse el umbral del 120% de la producción media de las últimas seis campañas, el departamento dirigido por Luis Planas ha activado por primera vez en la historia este mecanismo de almacenamiento obligatorio.
Aplicación inmediata y flexibilidad para las almazaras
La orden ministerial entra en vigor de forma inmediata y empezará a aplicarse sobre la producción declarada a partir de este mes de noviembre. Cada almazara del país estará obligada a retirar de la comercialización el 12% de su producción mensual acumulada.
Para facilitar la logística, el Gobierno otorgará flexibilidad a los operadores:
- Elección de categoría: Las almazaras podrán decidir libremente qué tipo de aceite inmovilizan (virgen extra, virgen o lampante).
- Ubicación del stock: El volumen retirado podrá custodiarse tanto en las bodegas y depósitos propios de las almazaras como en instalaciones de almacenamiento ajenas.
- Plazo de retención: El producto inmovilizado deberá permanecer fuera de los canales comerciales hasta el 30 de septiembre de 2027. No obstante, el Ministerio revisará la situación a partir del 31 de diciembre de 2026 para evaluar si se reduce el porcentaje en función de la evolución del mercado.
Satisfechos los agricultores, indignados los envasadores y consumidores
La medida ha fracturado de forma evidente a los distintos eslabones de la cadena de valor del aceite. Las organizaciones profesionales agrarias (como UPA y COAG) han calificado la decisión de “hito histórico”, señalando que era una herramienta largamente peleada para defender la rentabilidad de las explotaciones de los olivareros frente a la volatilidad de los mercados.
Por el contrario, la industria envasadora y exportadora (representada por Anierac y Asoliva) ha manifestado su rotundo rechazo. Consideran que la intervención es “desproporcionada” y perjudicial para la competitividad internacional del aceite español. En la misma línea, la asociación de consumidores Facua ha tachado la intervención de “escandalosa”, criticando que el Ejecutivo actúe de urgencia para evitar que los precios bajen en los supermercados, pero no interviniera con la misma contundencia cuando el litro de virgen extra superó los 15 euros debido a la sequía.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había emitido un informe desfavorable alertando de que esta restricción de la oferta genera riesgos de encarecimiento artificial en los lineales, un impacto que afectará con mayor dureza a los hogares con menores ingresos.
