En un movimiento de emergencia ante el colapso asistencial que sufren las Islas Canarias, el Gobierno de España ha movilizado aviones militares del Ejército del Aire y del Espacio para trasladar a más de 300 migrantes desde la isla de El Hierro hasta Madrid durante este fin de semana. La operación busca aliviar de forma urgente la saturación de los centros de acogida en el archipiélago, el cual enfrenta una situación calificada de “emergencia social” por el cabildo de la isla.
La presión sobre la denominada Ruta Atlántica se ha recrudecido de manera crítica en los últimos días. Según datos oficiales, más de 5.000 personas han llegado a las costas de El Hierro en lo que va del mes de noviembre, desbordando por completo las capacidades locales de atención y obligando al Ejecutivo central a activar un puente aéreo extraordinario mediante aeronaves militares de gran capacidad, como los modelos Airbus A330.
El traslado masivo ha reactivado un fuerte choque político entre las distintas administraciones. Por un lado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que reclamará formalmente un plan de contingencia urgente que garantice derivaciones estables y recursos financieros adicionales. Clavijo advirtió que, de no recibir una respuesta eficaz por parte del Estado, la comunidad autónoma no descarta acudir a la vía judicial para exigir responsabilidades.
Por otro lado, la operación ha despertado el malestar de los gobiernos autonómicos receptores en la península. Fuentes institucionales denuncian una falta de preaviso por parte del Gobierno central, señalando que los traslados y el posterior reparto de los migrantes se ejecutaron sin una coordinación previa con los servicios sociales de las comunidades autónomas de destino.
La crisis migratoria también mantiene un pulso encendido en el Congreso. Mientras el Partido Popular exige al Ejecutivo un endurecimiento inmediato en el control de las fronteras, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió las derivaciones peninsulares asegurando de manera tajante que el Gobierno estatal no permitirá que Canarias se convierta en una “cárcel para inmigrantes”.
Ante la gravedad del escenario, el Gobierno ha convocado una reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración para evaluar nuevas medidas y coordinar el impacto de la crisis en los próximos días.
