El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de España, Santiago Abascal, respaldó este martes la creación de centros de deportación en terceros países para trasladar a las personas que accedan al territorio nacional de forma irregular. El pronunciamiento tiene lugar en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y un día después de que cinco Estados miembros de la Unión Europea anunciaran un acuerdo para abrir un centro de retorno en Ruanda.
Un paso en el «sentido correcto»
Durante una comparecencia ante los medios en Arrecife, Abascal valoró positivamente la estrategia de externalización migratoria impulsada a nivel comunitario y aseguró que va en el «sentido correcto». El líder de Vox afirmó que su formación respaldará todas aquellas medidas destinadas a ejecutar la expulsión inmediata de quienes entren sin autorización en España, con especial énfasis en enclaves fronterizos como Canarias.
Asimismo, el dirigente político arremetió contra la falta de cooperación de algunos Estados de origen a la hora de readmitir a sus ciudadanos. «Si Marruecos y Mauritania no los quieren, aquí tampoco los queremos», declaró ante los periodistas.
Abascal advirtió, no obstante, que los centros en el exterior no bastan por sí solos para frenar los flujos migratorios. En su opinión, resulta imprescindible combatir de manera frontal a las mafias que trafican con personas y acometer reformas en las leyes nacionales, las normativas europeas y los convenios internacionales vigentes.
Aunque la instalación de centros fuera de las fronteras españolas no figura de manera textual en el programa electoral de Vox para el 29N, la propuesta encaja con su plataforma migratoria, que plantea prohibir las regularizaciones extraordinarias, endurecer el acceso a la nacionalidad, deportar a los extranjeros que cometan delitos y aplicar políticas de «remigración» para quienes no tengan empleo o dependan de ayudas sociales.
Contexto europeo y advertencias humanitarias
Las declaraciones del líder de Vox se producen tras el acuerdo suscrito este lunes 16 de noviembre por Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos con el Gobierno de Ruanda para poner en funcionamiento un centro de retorno fuera de la Unión Europea a partir de 2027.
Este pacto se sustenta en el Reglamento de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 2026 y ratificado por la UE en octubre, una legislación que habilita por primera vez el establecimiento de centros de devolución en terceros países y que contó con el voto en contra del Gobierno de España.
Por su parte, agencias de Naciones Unidas como Acnur y organizaciones internacionales como Human Rights Watch han cuestionado la viabilidad de este modelo y han alertado sobre los riesgos que implica respecto a la supervisión y protección de los derechos fundamentales de las personas trasladadas.





