Este martes ha arrancado el primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, y a pesar de que el Pleno del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) acordó por unanimidad que este paro carecía de base legal.
Según las asociaciones convocantes, de carácter conservador, han secundado la huelga tres de cada cuatro jueces y fiscales: “Con la debida cautela del momento provisional, el seguimiento de la huelga en el día de hoy ha alcanzado aproximadamente el 75%”, han informado a través de un comunicado. Esta estimación se ha calculado con base en correos electrónicos, la información facilitada por decanatos y por el número aproximado de jueces y fiscales que actualmente se encuentran de vacaciones.
En el mismo documento, han lamentado que el Ministerio de Justicia “no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación ni se haya dado respuesta a las reivindicaciones planteadas”. La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que, a su juicio, amenazan la independencia judicial.
Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal “comprometen gravemente” la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal” y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.
El Ministerio de Justicia “respeta” la movilización
Fuentes del Ministerio de Justicia, encabezada por Félix Bolaños, han reiterado que el Gobierno respeta las huelgas convocadas y a las asociaciones convocantes, aunque han querido resaltar que hay jueces, magistrados y fiscales que no se han sumado a estas movilizaciones, decisión que también respetan.
Asimismo, han asegurado que la reforma que plantea el Gobierno es necesaria para “modernizar las Carreras Judicial y Fiscal por primera vez en 40 años y especialmente las pruebas de acceso, que son del siglo XIX”. Entre otras cuestiones, el ministerio detalla que el objetivo es blindar las becas para opositores, incluir un examen escrito para medir las habilidades más allá de la capacidad de memorización, garantizar que los exámenes escritos son anónimos y los orales son grabados o crear un registro público para opositores. Además, la medida de Bolaños pretende establecer un proceso de estabilización para jueces y fiscales sustitutos para, asegura, evitar así una “sanción millonaria a España por la Comisión Europea“.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también ha pedido que se respeten las acciones convocadas, aunque ha recordado que el CGPJ “fue claro con una respuesta unánime” y que la intención del Ejecutivo es “llevar a cabo una reforma modernizadora de la justicia”.
