En el 2024, los alcaldes de casi 400 municipios españoles, incluyendo los de las ciudades más grandes con más de 50,000 habitantes, enfrentan un crucial examen en movilidad sostenible.
En los últimos dos años, el Gobierno destinó 1,500 millones de euros para proyectos de peatonalización, carriles bici y zonas de bajas emisiones (ZBE).
Si para finales del año no se ha ejecutado al menos el 25% de las obras comprometidas, los alcaldes podrían verse obligados a devolver el dinero otorgado.
Estas medidas son parte de las estrictas reglas de la UE para garantizar el uso adecuado de las subvenciones del Fondo de Recuperación y Resiliencia.
El año 2024 marca un hito, ya que los alcaldes deben demostrar resultados reales de las millonarias subvenciones recibidas.
La devolución del dinero se convierte en una posibilidad tangible, lo que agrega presión para cumplir con los compromisos en movilidad sostenible.
Aunque las normas contemplan la posibilidad de prórrogas, la exigencia de la UE apunta a que al menos el 25% de los proyectos estén en marcha para fines de 2024.
Los alcaldes, que inicialmente fueron tratados con flexibilidad ante incumplimientos, ahora enfrentan consecuencias económicas reales.
La devolución de fondos podría afectar a municipios que, ante cambios políticos, han revertido planes de restricción de tráfico.
Este examen crítico se presenta como un desafío para los gobiernos locales, independientemente de su afiliación política, obligándolos a decidir entre la presión ciudadana y la ejecución de proyectos para evitar devolver millones de euros.
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