La Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso decisivo en la investigación sobre el espionaje corporativo vinculado al BBVA. Según el escrito de acusación firmado por la fiscal Elisa Lamela el pasado 12 de marzo, el Ministerio Público solicita una pena de 173 años de cárcel para el expresidente de la entidad, Francisco González, por delitos de cohecho activo y revelación de secretos.
La acusación se centra en la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, con el objetivo de espiar a miembros de la clase política, el empresariado y el periodismo. En concreto, a González se le atribuye un delito continuado de cohecho y 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Peticiones récord para Villarejo y Corrochano
El escrito de la Fiscalía no solo señala a la cúpula presidencial, sino que reclama las penas más elevadas para los operativos de la trama. Para el excomisario José Manuel Villarejo, la solicitud de prisión asciende a 216 años.
Sin embargo, la pena más alta recae sobre Julio Corrochano, quien fuera jefe de Seguridad del banco, para quien se piden 243 años de cárcel por su papel en la gestión de estos servicios de inteligencia irregulares.
Multas millonarias para la entidad bancaria
La responsabilidad penal en este caso también alcanza al BBVA como persona jurídica. Anticorrupción solicita que se impongan al banco multas que, en su conjunto, suman 184,3 millones de euros por los delitos cometidos bajo su estructura.
La investigación apunta a que la entidad recurrió a la empresa de Villarejo para obtener información confidencial de terceros, lo que constituye una trama de revelación de secretos a gran escala que ahora llega a la fase de acusación formal.
