La Comisión Europea ha elevado la presión sobre el Gobierno de España al manifestar su “clara expectativa” de que todos los migrantes que han entrado de forma irregular a Ceuta sean devueltos a Marruecos. En una declaración formal, el portavoz de Asuntos Internos del ejecutivo comunitario, Markus Lammert, subrayó que el derecho de la Unión Europea avala estas devoluciones y especificó que la normativa vigente ampara también el retorno de los menores extranjeros no acompañados.
Las palabras de Lammert marcan un endurecimiento explícito del discurso de Bruselas, alineado con un giro generalizado dentro del bloque europeo hacia políticas de fronteras más estrictas y retornos efectivos. “La directiva de Retorno de la UE contempla los mecanismos para la devolución de personas en situación irregular”, recordó el portavoz, instando al presidente Pedro Sánchez a aplicar el marco legal comunitario sin excepciones en la ciudad autónoma.
Polémica por el traslado de menores y falta de ayuda formal
El pronunciamiento de las autoridades comunitarias llega tras el malestar generado por el anuncio del Ministerio de Inmigración español de trasladar a 500 niñas menores de edad desde Ceuta hacia la península ibérica. La Comisión Europea admitió haberse enterado de esta medida de dispersión territorial a través de los medios de comunicación, lo que evidencia una falta de coordinación directa entre Madrid y Bruselas en la gestión de la crisis fronteriza.
Asimismo, la Comisión Europea ha desvelado un dato que compromete la estrategia de gestión del Ejecutivo español: a pesar de la gravedad de la crisis migratoria y de la saturación de los centros de acogida en Ceuta, el Gobierno de Sánchez aún no ha presentado una “solicitud definitiva” de asistencia formal. Esta inacción administrativa impide activar los fondos europeos de ayuda de emergencia y bloquea el despliegue sobre el terreno de agencias de control fronterizo como Frontex.
Exigencia de garantías humanitarias
Pese a la firmeza en la reclamación de las devoluciones, Bruselas ha condicionado el procedimiento al estricto cumplimiento de los tratados de derechos humanos. La Comisión ha exigido al Gobierno español que, de forma paralela a los retornos, se garantice de manera prioritaria la plena protección, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas vulnerables y de los menores de edad no acompañados durante todo el proceso de repatriación.
