El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado una decisión histórica al rechazar, por mayoría, la idoneidad de Álvaro García Ortiz para continuar como fiscal general del Estado.
La votación, que evidenció una marcada división entre los vocales, marca la primera ocasión en que el órgano de gobierno judicial se opone a un nombramiento propuesto por el Ejecutivo.
Este pronunciamiento surge días después de que el Tribunal Supremo anulara el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala, denunciando una “desviación de poder” atribuida a García Ortiz.
La polémica en torno a la renovación del fiscal general se intensifica con las controversias que han rodeado a García Ortiz a lo largo de la legislatura, incluyendo su controvertido ascenso y la reciente anulación de un nombramiento clave.
Además, la relación estrecha y polémica entre García Ortiz y Dolores Delgado ha generado tensiones, afectando incluso a la designación de cargos en el Tribunal Supremo.
Este episodio destaca las tensiones en el Poder Judicial y plantea incertidumbre sobre el futuro de la fiscalía general del Estado.
Las consecuencias de esta decisión se ven agravadas por las críticas al papel de García Ortiz en la mención al “lawfare” en el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts.
Su silencio ante la indignación del Poder Judicial y la revalidación del Gobierno en su “confianza” añaden un nuevo capítulo a una situación ya tensa.
La permanencia de García Ortiz en la fiscalía general del Estado hasta 2027, propuesta por el Gobierno, ahora se encuentra en entredicho, marcando un momento crítico en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
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