El exministro José Luis Ábalos mantiene su acta de diputado, pero a partir de ahora ese escaño no le reportará apenas ningún derecho ni le requerirá ninguna obligación. Tras ser oficialmente informada de que el Tribunal Supremo ha confirmado el auto de procesamiento del exdirigente del PSOE, la Mesa del Congreso se reunió este miércoles por la tarde de manera extraordinaria para suspender a Ábalos como parlamentario. Ese paso supone que el exministro mantendrá su acta, que es personal y a la que solo él mismo puede renunciar, pero nada más: ni podrá votar ni percibirá su sueldo, y solo conservará su prerrogativa de “inviolabilidad”, por la cual no podría ser juzgado ni condenado “por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”.
La suspensión de Ábalos como diputado es la última consecuencia del encarcelamiento provisional del exministro en la prisión de Soto del Real, a la que fue enviado hace unas semanas al apreciar el juez riesgo de fuga y después de que lo pidieran tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular. Una vez en la cárcel, y habiendo sido formalmente procesado, como confirmó este miércoles el Supremo, se cumplen los dos requisitos que el reglamento del Congreso considera que inhabilitan a un parlamentario para ejercer sus funciones, que es exactamente lo que la Mesa de la Cámara Baja determinó este miércoles.
Aunque Ábalos —que desde el inicio del procedimiento judicial por las irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia se ha negado a dimitir— seguirá siendo nominalmente diputado, perderá la mayor parte de las atribuciones y las obligaciones que su cargo conlleva. Para empezar, el exministro se quedará sin sueldo: dejará de cobrar los 3.236 euros brutos mensuales que percibe como asignación constitucional, así como los 2.078 euros extra libres de impuestos que los parlamentarios de fuera de Madrid cobran para afrontar los gastos que les origine la actividad del Congreso.
Asimismo, Ábalos pierde el derecho a participar en los plenos y las comisiones del Congreso y a votar en los mismos, sea presencial o telemáticamente. Tampoco podrá integrarse en grupos parlamentarios o solicitar a las administraciones públicas datos, informes o documentos. Tan solo mantendrá su prerrogativa de “inviolabilidad”, por la cual no podría ser juzgado ni condenado “por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”, aunque sí por otros delitos, como son los relacionados con la corrupción.
La suspensión como diputado de Ábalos, no obstante, no alterará el juego de mayorías en el Congreso. Hace unas semanas, fuentes parlamentarias admitían que había discusión jurídica entre los letrados de las Cortes sobre si una eventual suspensión de Ábalos por su entrada en prisión implicaría que la cifra de diputados que conforman el parlamento debería bajar oficialmente a 349. Eso hubiera llevado a que el umbral que marca la mayoría absoluta quedara en 175 escaños y, sobre el papel, hubiera facilitado las reformas de leyes orgánicas. No obstante, las fuentes consultadas explican que la presidenta Francina Armengol tiene decidido no abrir este melón, por lo que las mayorías seguirían como hasta ahora: un Congreso de 350 escaños y una mayoría absoluta a partir de los 176.
El único efecto político de la suspensión del exministro es que Junts adquiere la capacidad de derribar iniciativas que no le gusten con una simple abstención (y no con un voto en contra, como hasta ahora), siempre que PP y Vox también se opongan. Sin el voto de Ábalos, y aunque el Gobierno retenga de su lado a todo el resto de sus socios, a Junts le bastará con no posicionarse para lograr un empate a 171 votos y tumbar una iniciativa. Este escenario no es muy frecuente, pero tampoco insólito: hace unas semanas, la abstención de los de Carles Puigdemont en relación a una iniciativa del PP para prorrogar la vida de las centrales nucleares salvó la política energética del Gobierno. Ese mismo voto sin Ábalos hubiera provocado el efecto contrario: que la enmienda de los populares saliera adelante.
