El Gobierno ha abierto a participación pública su propuesta de Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Las aportaciones ciudadanas y de las “organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma” pueden realizarse desde este miércoles hasta el 7 de octubre de 2025 a través de este formulario.
El proyecto de real decreto recoge la dotación de 7.000 millones de euros de financiación para ampliar el parque público de vivienda asequible, impulsar rehabilitaciones de barrios y zonas rurales, y desplegar ayudas para jóvenes y hogares que destinen más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presentó en la víspera las “líneas maestras” del plan en el Consejo de Ministros y este miércoles lo ha expuesto a los sindicatos UGT y CC.OO. y las organizaciones empresariales del sector: la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).
Tras la fase de audiencia pública, Rodríguez prevé que el proyecto se apruebe a finales de diciembre.
Parque público, rehabilitaciones y ayudas
El Gobierno ha fijado cinco objetivos con el plan:
- Incrementar el parque de vivienda pública asequible, cuya protección quedará “blindada” de forma permanente para evitar la especulación.
- Rehabilitar las viviendas y edificios ya existentes para mejorar la eficiencia energética y accesibilidad, pero para también aumentar la oferta en ciudades y pueblos.
- Reducir la edad a la que se emancipan los jóvenes (en torno a los 30 años de media en España)
- Reducir el esfuerzo financiero (que no se destine más del 30% de los ingresos al pago de la vivienda)
- Revertir las zonas de mercado tensionado.
Para ello, plantea una financiación de 7.000 millones de euros en esos cinco años en los que estará en vigor el plan. El 60% lo aportaría el Estado y el 40% las comunidades autónomas.
Esos fondos, que el Gobierno insiste en que suponen “triplicar” la inversión, se repartirán de forma que el 40% se destinarán a la construcción del parque público de vivienda, el 30% serán para la rehabilitación y el restante 30% de los recursos serán ayudas.
Las ayudas son de distinto tipo, aunque desde el departamento que dirige Rodríguez destacan las dirigidas a jóvenes: al alquiler, al alquiler con opción a compra de vivienda protegida (de hasta 30.000 euros) o a la compra de vivienda en zonas rurales (de 10.800 euros).
Además, se contemplan también subvenciones a la rehabilitación cuando la vivienda se encuentre en zona de protección patrimonial o se haga para ponerla en el mercado de alquiler asequible.
