El Gobierno ha aprobado este martes el Estatuto del Becario, dos años después del acuerdo con los sindicatos y sin el apoyo de la patronal y de los rectores. La norma, que deberá ser aprobada por las Cortes Generales al tener rango de ley, recoge multas de hasta 225.000 euros por incumplir los derechos de los alumnos, compensaciones por los gastos y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas, entre otros.
“La formación tiene que estar destinada sencillamente a aprender y no a sustituir a personas trabajadoras o relaciones laborales en las empresas”, ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Según Díaz, uno de cada diez asalariados en nuestro país están en esta situación, esto es, más de 1,6 millones de personas. De ellas, el 56% son mujeres y el 22% son mayores de 30 años. “No son una anécdota, tiene un peso mayúsculo en nuestra actuación legislativa”, ha criticado.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social sacó a mediados de diciembre a audiencia pública el anteproyecto de ley, tras meses de discrepancias internas en el Gobierno entre el PSOE y Sumar, y pasa ahora al Congreso, donde deberá sumar los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario.
Derechos y obligaciones para los becarios
La vicepresidenta segunda ha insistido en que, a partir de ahora, los estudiantes en formación o prácticas no laborales contarán “con derechos y obligaciones” y, sobre todo, “no podrán sustituir a un trabajador”. Entre los derechos más destacados, a partir de ahora las personas en formación tienen derecho a que se les compensen los gastos. Por ejemplo, los gastos de desplazamiento o los gastos de manutención “tienen que ser compensados”, ha dicho.
A su vez, la norma prohíbe “expresamente” que se pague por hacer prácticas no laborales. Y “tampoco cabe la segregación”, ha anunciado: “Las personas que estén formándose forman parte del ambiente laboral de las empresas y, por tanto, tienen que ser incluidos en las salas de descanso, en las salas de lactancia, en las salas de juegos, en las salas de formación, en los comedores… Esto que se le dice a la gente usted es becario, no entre aquí, no puede volver a pasar”.
Las empresas tendrán que contar con un plan de formación “exhaustivo”, en el que se especifique cuál es su objeto, y con un responsable de dicha formación, que no podrá tener más de cinco personas a su cargo en formación. Por último, los estudiantes también contarán con limitaciones. Por ejemplo, la formación a distancia será máximo de un 50% y no podrán formarse de noche o a turnos, ni superar el 15% de las horas en que se concreten los créditos ECTS de la titulación ni 480 horas.
Sanciones de hasta 225.000 euros
La norma también contempla la modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que contempla un régimen sancionador con multas para las empresas de hasta 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo, por ejemplo, por cuando se produzcan discriminaciones.
Por su parte, si las infracciones son consideradas muy graves pero en su grado mínimo, las multas irán de 7.501 a 30.000 euros; mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros.
Entre las obligaciones, las personas en formación práctica tendrán que conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas, seguir las indicaciones de la persona tutora asignada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma, así como guardar confidencialidad en relación con la información interna de la empresa y guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante el periodo de formación práctica y finalizada ésta.
Díaz insta a los partidos a posicionarse
La norma pasa ahora al Congreso para continuar el trámite parlamentario, por lo que, tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo, su aprobación definitiva será más complicada: “Hay dos modelos de legislar y ahora el debate se abre en España y tenemos que ver qué modelo quieren los partidos políticos en nuestro país”, ha dicho Díaz.
En este punto, la vicepresidenta segunda ha contrapuesto el modelo del Gobierno de España con el de Vox: “La extrema derecha que de la que hoy es rehén el Partido Popular dice en su programa electoral que quieren contratar a jóvenes permitiendo salarios de miseria, de hambre, exonerando por supuesto todo tipo de protección social”.
Por su parte, frente a las críticas de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) —quienes creen que la norma constituye “una amenaza” para el modelo de prácticas vigente—, Díaz ha asegurado que saben “perfectamente” que tener relaciones laborales precarias “no es correcto ni habla bien de la universidad española” y les ha instado a “sentarse con los presidentes de las comunidades autónomas”, pues “muchas de ellas están recortando la financiación al sistema universitario público español”.
