El Consejo de Ministros ha autorizado el inicio de la tramitación administrativa urgente del proyecto de real decreto que regulará la información previa que reciben las mujeres ante una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La medida, impulsada por el Ministerio de Igualdad, tiene como objetivo central garantizar que todo el territorio nacional cuente con un acceso a información veraz, objetiva, clara y accesible, blindando el proceso frente a datos anticientíficos o desinformación.
La iniciativa adapta el desarrollo reglamentario a las novedades introducidas por la reforma de la Ley Orgánica 1/2023. Al haber sido aprobada por la vía de urgencia, el Gobierno acelera los plazos para su validación definitiva, la cual se materializará en una próxima reunión del Consejo de Ministros sin necesidad de pasar por la convalidación del Parlamento.
Los pilares de la nueva regulación
El nuevo texto normativo introduce importantes modificaciones en la forma en que el sistema sanitario gestionará el acompañamiento informativo a las mujeres:
- Separación de información obligatoria y voluntaria: El Real Decreto establece una división estricta. La información obligatoria abarcará exclusivamente los detalles de la intervención, los riesgos médicos, los derechos de la paciente y la lista de centros acreditados. Por el contrario, los datos sobre ayudas públicas, métodos anticonceptivos o derechos laborales tendrán carácter estrictamente voluntario y solo se facilitarán si la mujer lo solicita expresamente, eliminando cualquier tipo de obstáculo burocrático previo.
- Equidad en los métodos médicos: La norma detalla el funcionamiento de las alternativas tanto quirúrgicas como farmacológicas. Prohíbe de manera explícita que los centros prioricen una vía sobre la otra por motivos no médicos, garantizando que la elección responda únicamente a criterios clínicos personalizados.
- Accesibilidad reforzada: Se fijan pautas obligatorias para asegurar que la información sea comprensible para colectivos vulnerables, incluyendo menores de 16 años, mujeres extranjeras y personas con discapacidad.
- Transparencia en comités clínicos: Para asegurar la imparcialidad, se fomentará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los comités clínicos y se excluirá de estos órganos a los profesionales sanitarios que hayan estado inscritos en el registro de objetores de conciencia en los últimos tres años.
Con esta tramitación urgente, el Ejecutivo busca homogeneizar la atención en todas las comunidades autónomas, blindando un derecho sanitario clave frente a posibles discrepancias de criterios en las distintas administraciones regionales.
