El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha expulsado a 20.682 inmigrantes en situación irregular desde 2019, registrándose un aumento de estas salidas a partir de 2020, un año marcado por el covid-19, con un incremento del 85,2% entre ese año y 2025.
Así consta en la documentación enviada por el Gobierno al Congreso, después de que el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, solicitara datos sobre las expulsiones llevadas a cabo en varias provincias desde 2019. Más concretamente, 52 preguntas parlamentarias, una por cada provincia.
El Gobierno ha señalado que en estos momentos no dispone de un sistema estadístico que permita determinar con exactitud cuántas órdenes de expulsión siguen pendientes de cumplirse. Por ello, no se puede diferenciar con precisión entre las resoluciones dictadas por la vía administrativa y las que acaban traduciéndose en la salida efectiva del ciudadano extranjero.
Una cifra irregular
La época de la pandemia estuvo marcada también por un gran descenso de las expulsiones de extranjeros en situación irregular, pasando de 4.677 en 2019 a 1.834 en 2020. A partir de entonces, la actividad administrativa se recuperó de manera progresiva, con incrementos sostenidos durante cinco años consecutivos, hasta alcanzar los 3.398 casos registrados durante el 2025.
En concreto, en 2021 se ejecutaron 2.025 expulsiones; 2.627 en 2022; 3.090 en 2023; 3.031 en 2024 y 3.398 en 2025. Esto hace un total de 20.682 salidas de extranjeros irregulares durante el mandato de Sánchez.
El plan del PP para acabar con el ‘atasco’ de órdenes de expulsión
El Partido Popular llevará al Congreso la ejecución de las órdenes de expulsión de extranjeros de terceros países que no tengan derecho a permanecer en la Unión Europea (UE). En este sentido, el grupo parlamentario reclama garantizar la aplicación efectiva de estas expulsiones para quienes no tienen derecho a residir en España.
Además, proponen impulsar los cambios legislativos necesarios para que los extranjeros de terceros países sin derecho a residir en la UE que sean condenados por delitos graves o reincidan de manera dolosa, especialmente en casos de delitos contra la libertad sexual, no puedan regresar ni obtener residencia en España.
En este contexto, uno de los casos que más polémica generó fue el del terrorista de Algeciras, recientemente absuelto, que mató al párroco de la Iglesia. Yassine Kanjaa, de 25 años, tenía una orden de expulsión desde hace siete meses que Interior aún no había ejecutado. Un hecho que refleja el problemático atasco administrativo de estas expulsiones.
