El Gobierno trabaja contra reloj para aprobar el martes en el Consejo de Ministros el real decreto para la regularización masiva de inmigrantes, después de analizar si incorpora las apreciaciones realizadas por el Consejo de Estado, entre ellas la relativa a los antecedentes penales de los beneficiarios.
Así lo ha trasladado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha apuntado que el Ejecutivo trabajará “en estas horas que quedan hasta el Consejo de Ministros”, para que pueda aprobarse.
Una posición muy similar a la que trasladan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde el que aseguran que la luz verde a este real decreto es “inminente”, pero sin querer confirmar que mañana saldrá adelante en Moncloa. En enero el Gobierno aprobó la primera versión del decreto, que ahora se aprobará previsiblemente en segunda vuelta tras recibir el dictamen del Consejo de Estado.
Durante su intervención, Bolaños ha subrayado que durante los últimos días el Gobierno “está trabajando” para ello sobre la “base del dictamen del Consejo de Estado”, que ha planteado algunas observaciones “para mejorar el texto”. Para defender esta regularización, Bolaños ha puesto de relieve que estos migrantes que se beneficiarán de la regularización “están ya viviendo en nuestro país sin derechos y sin hacer aportación alguna ni a la Seguridad Social ni a la Hacienda Pública”, precisamente por estar en situación irregular.
Y ha subrayado que esta regularización la piden la patronal, la Conferencia Episcopal, y el Vaticano, criticando al respecto que “solo están en contra de ella el PP y Vox”.
Vox pide su suspensión cautelar
Precisamente este lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado que su formación llevará al Tribunal Supremo la medida y solicitará su suspensión cautelar. En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Garriga se ha referido a la regularización como otra forma de “corrupción” y se ha quejado de que se vaya a llevar a cabo mediante un “simple decreto”.
“Mañana lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria. Mañana el Consejo de Ministros va a lanzar un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España. Y nosotros no nos vamos a quedar parados ante este enésima ataque al pueblo español”, ha garantizado Garriga.
El PP esperará a conocer el texto pero no descarta recurrir
Desde el PP, la vicesecretaria de Política Sectorial, Alma Ezcurra, ha criticado que con el decreto el Gobierno “se salta a la torera el Parlamento”, puesto que ya existía desde 2024 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendía el mismo objetivo de regularizar a medio millón de votantes. Una ILP, por cierto, cuya toma en consideración apoyó el PP.
Ezcurra ha criticado la falta de información sobre esta regularización: no se sabe ni cuántas personas se verán beneficiadas, “ni dónde están, de dónde vienen, ni qué va pasar con sus antecedentes penales, si tienen juicios pendientes”.
Ha lamentado que es una “medida perjudicial para todos”, ya que el Gobierno está diciendo que “la irregularidad tiene un premio” y provoca así un efecto llamada, y a los propios migrantes que disfrutarán de la medida no se les garantiza ni empleo ni integración. “Muchas de estas personas van a acabar ‘guetificándose’ y se verán condenadas a la precariedad”, ha apuntado.
No ha aclarado si el PP presentará un recurso, ya que esperará a conocer el texto para evaluar su contenido. Pero la dirigente ‘popular’ sí que ha recalcado que “no hay medida política, parlamentaria ni jurídica, ni nacional ni europea que el Partido Popular vaya a dejar pasar para denunciar este sinsentido”. Sí que recurrirá la Comunidad de Madrid, tal y como anunció el jueves pasado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien justificó este recurso por un supuesto colapso de los servicios públicos en esta comunidad.
Podemos negocia los “últimos detalles” con el Gobierno
Por su parte, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado en rueda de prensa que su formación está negociando con el Gobierno para que la “mayor cantidad posible de migrantes” puedan acogerse a la regularización extraordinaria y “la burocracia no sea impedimento”.
La formación morada negocia los “últimos detalles” con el Ejecutivo. Fue este partido el que acordó en enero sacar adelante la medida, que beneficiará a todos los extranjeros que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.
