El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, Murcia, para que anule el acuerdo de PP y Vox que prohíbe los actos religiosos en centros deportivos de la localidad, que acogían celebraciones islámicas, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa.
El consistorio ya ha recibido el requerimiento, ha asegurado en una rueda de prensa este lunes la delegada de Gobierno en la Región de Murcia, María Dolores Guevara, y tiene ahora un plazo de un mes para contestar. Si no lo hace, ha señalado, consultarán a los servicios jurídicos qué pasos tomar, entre otros, acudir al Contencioso-Administrativo. Por el momento, el Ayuntamiento de Jumilla ha evitado pronunciarse al respecto.
Dicha medida forma parte de una iniciativa municipal del PP que modificaba y rebajaba una moción previa del grupo de Vox, que proponía explícitamente que se prohibieran celebraciones islámicas en el municipio, de unos 27.000 habitantes y con una amplia comunidad musulmana.
Según han señalado este lunes fuentes del Ejecutivo a RTVE, con esta decisión “se restringe de forma arbitraria” una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana “por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha”.
Y es que, han sostenido, la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que “las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”. “La verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”, han añadido.
Por todo ello, desde el Gobierno han advertido de que “combatirán política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria”.
Dice que incurre en “desviación de poder”
En el texto, firmado por la delegada de Gobierno en la Región de Murcia y al que ha tenido acceso Efe, también se considera que el acuerdo adoptado supone a su vez una vulneración del uso común general correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, y que se ha incurrido en desviación de poder por utilizar competencia municipal para fines ideológicos ajenos al interés general.
“No hay duda que el acuerdo cuya anulación se requiere incurre en desviación de poder, empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas de forma impropia, desviada, aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa”, recoge el requerimiento.
El Gobierno argumenta que la exclusión de actos religiosos ajenos al Ayuntamiento “sin acreditar perturbación del orden público ni conflicto de usos” constituye una restricción injustificada del ejercicio colectivo del culto y expone que la restricción de derechos fundamentales debe estar debidamente motivada, basada en criterios objetivos y sometida a control de proporcionalidad, tal y como establece el Tribunal Constitucional.
“Frente a la deriva extremista de PP-Vox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia“, ha destacado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un mensaje en su cuenta de X.
También se ha pronunciado sobre este asunto la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, quien ha cargado contra el PP por “restar convivencia, derechos y oportunidades” con sus decisiones, llegando a “institucionalizar la islamofobia y el racismo” como en Jumilla. Bajo su punto de vista, “Vox manda, el PP obedece y todos perdemos, porque cada vez que hay un acuerdo entre Feijóo y Abascal, España retrocede“, ha insistido.
El PP culpa al PSOE y a Vox de la polémica
Enfrente, la postura más crítica es la de Vox. Su presidente, Santiago Abascal, cargó este domingo contra el “silencio” de parte de la “jerarquía eclesiástica” y sugirió que su falta de críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez esté motivada por “los ingresos públicos que reciben”. Sus críticas llegaron después de que la Conferencia Episcopal Española trasladara su apoyo a la comunidad musulmana.
Por su parte, el PP ha insistido este lunes en que “defiende la libertad de culto” y ha pedido “no generar más conflicto”. “Si se acercan a lo que se aprobó, no veta nada. Verán que lo que se ha aprobado no es nada de lo que se intenta trasladar”, ha añadido en una rueda de prensa el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.
Y se ha mostrado convencido de que “hay partidos que son capaces de insultar y mentir a cambio de un titular“, en referencia a Vox y al PSOE. En su opinión, “unos por ganar espacio que no tienen y otros por que dejemos de hablar de corrupción”.
Más optimista con la decisión del Gobierno se ha mostrado el coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal, entidad que agrupa a las 168 comunidades islámicas censadas en esta región. “¡Qué buena noticia!”, ha exclamado en declaraciones a Efe. En su opinión, de haberse aplicado el cambio en la ordenanza reguladora del uso del polideportivo “se hubiera dado un paso atrás importantísimo, se hubiera retrocedido al menos 40 años“.
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