El Gobierno ha propuesto una nueva ley de secretos oficiales que límite el acceso a la información clasificada un máximo de 60 años. De hecho, el tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15. El Consejo de Ministros dará luz verde a la nueva Ley de Información Clasificada el martes y la remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
Esta legislación, que establece por primera vez la desclasificación automática una vez cumplido el plazo, busca sustituir a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo (1968). Según fuentes del Gobierno a RTVE, el proyecto de ley también estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.
El tiempo máximo serán 45 años prorrogables otros 15
De acuerdo con las mismas fuentes, la ley regula cuatro categorías de información clasificada: “Alto Secreto”, “Secreto”, “Confidencial” y “Restringido”, con límites temporal de clasificación asignados de manera gradual según el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido. El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años.
De esta manera, aseguran las fuentes, España se sitúa en línea con las legislaciones más avanzadas en esta materia, ya que países como Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos para la desclasificación que los previstos en esta propuesta de ley.
En la anterior legislatura, el Gobierno ya propuso una reforma similar que planteaba un plazo máximo de 65 años, cinco más que en el texto que está ahora sobre la mesa. Su tramitación se vio interrumpida por la convocatoria de elecciones del verano de 2023.
Sanciones desde los 30.000 a los 2,5 millones de euros
Además, el texto introduce un “régimen sancionador administrativo” para quien desvele información clasificada, con multas que van desde los 30.000 a los 2,5 millones de euros en los supuestos más graves. Según fuentes del Ejecutivo, esta vía establece un régimen más proporcional que el anterior, que únicamente contemplaba la vía penal con elevadas penas de prisión.
Por otro lado, el derecho a la libertad de información se introduce como criterio de graduación de las sanciones. Asimismo, el texto legislativo contempla la creación de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
