El Gobierno pretende vetar la entrada a niños a cualquier evento que exhiba algún tipo de maltrato animal. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia informan de que se trata de una medida que han incluido en la reforma de la ley de protección a la infancia, la LOPIVI, y que va en línea con las recomendaciones de la ONU, que lleva años instando a España a alejar de este tipo de eventos a los menores de edad.
El departamento que dirige Sira Rego contempla, así, prohibir tanto la participación como la asistencia de las personas menores de 18 años en “actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales”, como podrían ser las corridas de toros. Aunque no han concretado más cuáles serían esos eventos y si, por ejemplo, los encierros estarían incluidos en esa prohibición.
El anuncio llega menos de una semana después de que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, formado por 18 expertos independientes, reprendiera a España por permitir la asistencia y participación de niños en espectáculos taurinos. Lo cierto es que Naciones Unidas ya había recomendado en 2018 la prohibición de menores a los toros con el objetivo de “prevenir los efectos nocivos para los niños”.
La propia ministra secundó esa exigencia la semana pasada, en el examen que hizo el Comité a España, y tras el cual Rego informó sobre la incorporación de esta prohibición en la reforma de la LOPIVI, que contempla otras novedades como la elevación delplazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores hasta que la víctima cumpla 45 años.
Evitar la normalización de la violencia
Fuentes de su ministerio justifican el veto a la tauromaquia para niños en la exposición de motivos de esa ley, que recoge que “las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad”. Según la norma del Ejecutivo, la exposición temprana a la violencia “puede desensibilizar a las personas de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional”.
Prohibir la entrada a eventos en los que se exhibe la violencia con los animales, así, entraría dentro de esos supuestos, según Infancia, que está esperando las aportaciones del resto de ministerios implicados para poder aprobar la nueva ley en Consejo de Ministros y arrancar así su tramitación parlamentaria.
El texto recoge otras medidas novedosas, como la eliminación del mínimo de edad de 12 años para que los menores sean escuchados en procesos administrativos y judiciales; la garantía de que los niños cuenten con una representación letrada propia e independiente de sus padres; la prohibición explícita del falso síndrome de alienación parental (SAP); o la suspensión automática de la patria potestad a cualquier condenado por violencia de género, vicaria o sexual hacia la infancia. También se reconoce por primera vez la violencia institucional en una ley de ámbito estatal, entendiéndola como “toda omisión, retraso o práctica que comprometa la protección de las personas menores de edad sea identificada, investigada y reparada”.
