El presidente del Gobierno ha expresado su respeto y consideración al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pedro Sánchez ha hecho estas afirmaciones desde Angola, donde participa en la Cumbre Unión Africana-Unión Europea.
“La he leído esta mañana”, decía Sánchez en referencia a la carta de renuncia de Álvaro García Ortiz. “La he conocido por los medios de comunicación y refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la fiscalía general durante todo este tiempo“, por lo que le desea suerte.
El presidente del Gobierno ha confirmado además que ya se ha puesto en marcha el mecanismo para nombrar al nuevo fiscal general del Estado, aunque no ha concretado si su relevo se tratará este martes en el Consejo de Ministros.
Díaz lamenta que dimita un “hombre bueno” y llama a movilizarse
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho en una entrevista a Televisión Española que el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del estado “es una sentencia política“. Díaz ha insistido en que el pasado jueves hubo un “punto de inflexión”, y ha recordado que “es lunes y seguimos sin conocer la motivación, los hechos probados y fundamentos jurídicos que motivan el fallo“.
Díaz ha defendido el “prestigio enorme” de García Ortiz: “no es cualquier fiscal”, ha dicho, “y la persecución desde que se le ha nombrado es increíble“. Por ese motivo, Díaz ha hecho un “llamamiento sincero a los demócratas de nuestro país que salgan a defender la democracia. No a este Gobierno, sino nuestros derechos”, ha concluido.
Para el ministro de Cultura, Ernest Urtasun la condena al fiscal general “pasará a la historia como uno de los intentos más descarados por parte de determinados sectores de interferir en la vida política del país“, ha incidido. Preguntado en un desayuno con medios de comunicación si cree que hay lawfare en España, Urtasun ha respondido “y no es la primera vez que ocurre”.
Alegría niega que el ejecutivo haya pedido la dimisión al fiscal
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha negado que el ejecutivo en absoluto haya pedido la dimisión del ya fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha dimitido esta mañana.
Alegría ha confirmado que ha conocido esta misma mañana esa decisión de García Ortiz, que “respeta” e insiste, ahora toca “activar el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado”. En primer lugar, habrá una propuesta del Gobierno, posteriormente un informe del Consejo General del Poder Judicial y a continuación la persona elegida para ocupar el cargo tendrá que recibir el visto bueno de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
En una entrevista concedida a La Hora de la 1 de TVE, no ha desvelado qué nombres baraja el gobierno para ocupar ese cargo, ni si se lo encargarán a un hombre o una mujer. Pero sí garantiza que esa persona tendrá “una dilatada trayectoria”. “Será una persona comprometida con el servicio pública y la ley” como ha sido, dice, García Ortiz. La portavoz del Gobierno tampoco ha desvelado si conoceremos en el Consejo de Ministros de mañana esa propuesta del ejecutivo.
“Nunca había pasado” ha insistido Alegría, que “el Tribunal supremo dé por adelantado un fallo sin ningún tipo de argumentación”. Es algo “extraordinario”, dice. También le llama la atención “que en un fallo tan grande como este no se agotaran todas las vías de diálogo para alcanzar la unanimidad y tuviéramos el fallo de manera pública en una semana”, ha dicho.
Lo “razonable y sensato” para la portavoz, hubiera sido “buscar la unanimidad”. Algo que sí sucedió, ha recordado, en la “sentencia del procés”, en que “se agotaron todas las vías para conseguir unanimidad de la que hizo gala el Supremo”.
Pese a todo, Alegría ha repetido el mensaje de “máximo respeto y acatamiento del fallo“, a pesar de que desde el ejecutivo, dice, “no lo compartimos en absoluto”.
Los socios hablan de lawfare
El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha urgido a reformar el Poder Judicial “de arriba a abajo” tras la condena por parte del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que considera un ejemplo claro de “lawfare” y “golpismo judicial”, que en su opinión están motivados por “la derecha reaccionaria, política, mediática y judicial”. Fernández ha pedido “reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, el acceso a la carrera judicial, revisar los aforamientos y establecer mejores controles democráticos en el acceso a la justicia” para “acabar con la impunidad de jueces fascistas”.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tildado de “muy escandaloso” lo ocurrido con el fiscal general, Álvaro García Ortiz. “Si son capaces de condenar a un fiscal sin pruebas, qué no harán con cualquier ciudadano de a pie”, ha advertido. Situándose “en alerta” ante lo que sucede en el Estado español, Pontón ha reiterado, a preguntas de los periodistas sobre este tema, que lo interpreta, también, como “un caso de lawfare”.
Lo mismo opinan en EH Bildu, cuyo portavoz en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano. Señala que existe una estrategia “de acoso y derribo” contra el ejecutivo de Sánchez contra el que quieren dar un “golpe blando” y para eso, dice, “vale cualquier tipo de estrategias, incluidas las fake news o las noticias ilustradas con Inteligencia Artificial”.
Junts, por su parte, ha defendido que la dimisión del fiscal general es “una prueba más” de la “debilidad” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra “cada vez más acorralado por una justicia claramente politizada”. En este sentido, el portavoz de la formación, Josep Rius, ha confirmado, lo sucedido no sorprendió a Junts porque “aún sufrimos las consecuencias de una sentencia del Supremo que mantiene a dirigentes políticos inhabilitados y a otros en el exilio” a los que “se niega a aplicar la Ley de Amnistía”.
