El Consejo de Ministros ha reaccionado hoy con dureza y profunda preocupación ante la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la «ley de nietos». En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo este 13 de octubre de 2026, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha calificado la situación de «extraordinaria gravedad» y ha defendido de forma categórica que «en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe».
La resolución del alto tribunal desestima el recurso presentado por la Abogacía del Estado, validando de este modo la medida cautelar adoptada el pasado mes de septiembre a instancias de Vox e Iustitia Europea. Con esta decisión judicial, el voto de unas 163,000 personas adscritas al Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) queda suspendido temporalmente de cara a las próximas elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre (29-N).
Un laberinto técnico a pocas semanas del 29-N
Pese al evidente desacuerdo político, fuentes gubernamentales han asegurado que el Ejecutivo «acata» la orden del Tribunal Supremo, aunque advierten del enorme desafío logístico que esto representa. Desde la Moncloa señalan que aplicar la resolución a tan solo unas semanas de los comicios es «complejísimo», argumentando que el sistema informático electoral no desglosa ni identifica de forma automática la vía legal específica por la cual cada ciudadano adquirió su nacionalidad.
Cruce de acusaciones: entre el «trumpismo» y la «ingeniería electoral»
El debate ha elevado la temperatura política, con el Gobierno acusando directamente a la oposición de intentar deslegitimar los resultados de las urnas antes de tiempo. El Ejecutivo central ha lamentado la «utilización política» de los censos exteriores por parte del Partido Popular y Vox, censurando lo que consideran la importación de prácticas de corte «trumpista» orientadas a sembrar dudas e incertidumbre sobre la limpieza de un sistema electoral que defienden como plenamente garantista.
La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado filas en torno a la decisión judicial manifestando que «no hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo». Feijóo ha aclarado que su formación no se opone a reconocer el derecho de los descendientes legítimos de los exiliados, pero ha denunciado que las directrices del Gobierno abrieron el acceso de forma «indiscriminada» a vínculos familiares mucho más lejanos, incurriendo en lo que califica como una maniobra de «ingeniería electoral». Por su parte, la formación Vox ha ido más allá al sostener que la aplicación original de la ley respondía a un intento deliberado de alterar el censo para beneficiar a las fuerzas de la coalición de gobierno.
El Tribunal Constitucional como última instancia
Con los plazos electorales en marcha y la maquinaria administrativa bajo presión, el Ejecutivo central se encuentra estudiando los próximos pasos jurídicos de la mano de la Abogacía del Estado. No obstante, fuentes jurídicas del entorno gubernamental reconocen que, al verse afectado un derecho fundamental individualizado, la vía de actuación más rápida y factible para revocar este veto exprés antes del 29-N recae en los propios ciudadanos afectados, quienes tendrían que formalizar recursos de amparo directamente ante el Tribunal Constitucional.
