El Tribunal Supremo ha avalado el fin de una práctica que funcionó durante casi 60 años en el Banco de España: pagar una parte importante de los entierros de sus empleados jubilados o de sus familiares. Los jueces de lo Social, con un magistrado a favor de mantener ese pago, han rechazado los recursos de varios sindicatos y avalado que la entidad entonces presidida por Pablo Hernández de Cos acabase con esta práctica desde 2023. En la actualidad mantiene esta ayuda para los trabajadores en activo, implantada en los primeros años de la dictadura.
Este desembolso llevaba en vigor desde 1944 aproximadamente, cuando el Banco de España estaba integrado en los “Servicios Benéficos de la Banca oficial” y se incluyó como beneficiaros los empleados pero también los extrabajadores ya jubilados y sus familiares. “Entre sus beneficios estaba la ayuda de entierro”, recuerdan las sentencias que ha podido examinar elDiario.es.
Con el paso de los años, ese desembolso del Banco de España se fue consolidando en su normativa interna. El reglamento de 1979 lo recogió como un derecho para los trabajadores en activo, pero la situación de los jubilados y pensionistas quedó en el aire en 2005. Ese año, el Banco dejó de ser una entidad colaboradora con la Seguridad Social y su Comisión Ejecutiva decidió que se haría cargo de los gastos de sepelio de sus antiguos empleados durante cinco años más.
La sentencia explica que, en el caso del fallecimiento y entierro de un adulto, el desembolso podía alcanzar los 1.350 euros. Una cantidad que, según los datos de organizaciones como la OCU, puede llegar a cubrir el precio medio de un ataúd y casi la mitad de lo que suele costar un sepelio completo.
El principio del fin de esta posibilidad para los empleados jubilados del Banco de España arrancó en 2005 con el final de los servicios médicos de la Banca Oficial pero no se materializó hasta el primer día de 2023, encadenando prórrogas desde entonces a lo largo de los mandatos de tres gobernadores distintos. Fueron el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España (SATBE) y Agrupación Grupo Directivo (AGD), los que acudieron a los tribunales, aunque en un primer momento su reclamación fue apoyada por los sindicatos de clase.
El Banco de España, supervisor del sistema bancario nacional, es una institución pública que actúa de forma independiente al Gobierno aunque su gobernador, actualmente el exministro José Luis Escrivá, es elegido por el Presidente del ejecutivo. Un organismo que, tal y como ha desvelado elDiario.es, tiene condiciones exclusivas para sus más de 3.000 trabajadores, como subvencionar buena parte de sus estancias vacacionales en determinados complejos, mientras es el encargado de alertar contra medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o las pensiones.
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