El reelegido presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha cargado con dureza contra los decretos leyes en materia de vivienda aprobados por el Gobierno. El líder de la patronal ha calificado la regulación estatal como “una invasión de la propiedad privada”, exigiendo que la responsabilidad de resolver el problema del acceso a la vivienda recaiga sobre la Administración y no sobre el sector privado [17248976.shtml].
Durante su intervención posterior a ser refrendado para un tercer mandato consecutivo al frente de la CEOE [17248976.shtml], Garamendi reconoció la existencia de una crisis habitacional [17248976.shtml]. Sin embargo, advirtió firmemente que “no podemos hacer cumplir ciertos derechos constitucionales vulnerando otros” [17248976.shtml].
Rechazo frontal y acusaciones de electoralismo
El representante de los empresarios españoles criticó el tono de las negociaciones políticas y los mensajes emitidos desde el Palacio de la Moncloa [17248991.shtml]. En una clara alusión a las declaraciones del presidente Pedro Sánchez [17248991.shtml], Garamendi ironizó afirmando que “algunos van de Robin Hood y representan al sheriff de Nottingham” [17248976.shtml].
Al ser preguntado por la votación que se celebra en el Congreso de los Diputados, el dirigente empresarial fue tajante al asegurar que si de él dependiera, “mañana votaría que no” a la convalidación de ambos textos [17248976.shtml]. A su juicio, el paquete de medidas de los alquileres y el escudo contra los desahucios responde a fines “electoralistas” [17248976.shtml] y traslada una “imagen vergonzosa del país” [17248976.shtml] a nivel internacional debido a la fragmentación legislativa y la falta de consenso estructural.
Crítica a las contradicciones en el seno del Ejecutivo
Garamendi también aprovechó el foro económico para censurar la falta de cohesión dentro del propio Gobierno de coalición [17248976.shtml]. Tachó de “grotesco” el hecho de que representantes de una parte del Ejecutivo alienten o se sumen a manifestaciones públicas en contra de las políticas de su propio gabinete [17248976.shtml], lo que a ojos del empresariado ahonda en la inseguridad jurídica del sector inmobiliario.
