El Gobierno pagará entre 1.500 y 16.000 euros de ayudas directas a los agricultores y los ganaderos con daños en sus explotaciones por los incendios de este verano. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este martes que se abonarán “sin necesidad de solicitud previa” antes del 31 de diciembre de este año.
La dotación de 20,6 millones de euros calculan que podrá beneficiar a 4.000 profesionales, entre los que se encuentran 1.500 de ganadería extensiva, afectados por la ola de fuegos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, que tengan declarados ingresos agrarios de más de 1.000 euros y la parcela inscrita en los registros oficiales.
La ayuda se fija en un 20% de los ingresos declarados y, según ha explicado Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, diferencia dos casos. Por un lado, se concederá entre 1.500 y 10.000 euros a los que han sufrido un daño en su explotación por los incendios en esas fechas, pero no cuenten con seguro agrario. Por otro, se amplía a un rango de entre 6.000 y 16.000 euros para los que sí tenían seguro agrario.
“Hemos pretendido llevar a cabo un apoyo extraordinario en una situación extraordinaria, pero en modo alguno socavar lo que es un mecanismo de gestión de riesgo absolutamente eficaz y necesario, como es el seguro agrario combinado en España”, ha justificado el ministro, que ha avanzado que se les bonificará también el coste de la póliza hasta un 70%, frente al 40% en vigor hasta ahora.
Los grandes incendios de este verano quemaron 350.000 hectáreas, de las que 10 % son superficie de cultivo, y afectaron 224 municipios de 10 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid.
Ayudas directas, “sin necesidad de solicitud previa”
Sobre el trámite para recibir ese dinero, Planas ha explicado que, tras la publicación “inmediata” del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se emitirá una primera resolución pública con los beneficiarios. Estos podrán modificar los datos que consideren oportunos (cuenta bancaria, etc.) o renunciar a las ayudas, pero “si no hay ninguna indicación contraria, la administración pública, sin necesidad de solicitud previa, precederá al abono de las mismas”.
Según aclara la nota de prensa del Ministerio, estos cobros serán compatibles con las indemnizaciones de las comunidades autónomas y las de la Unión Europea. Y para los agricultores y ganaderos que hayan iniciado su actividad este año, se reconoce el derecho a una ayuda fija de 1.500 euros si tienen la condición de joven establecida en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y han presentado por primera vez la solicitud única en esta campaña.
Planas pide más dotación para la PAC y carga contra la cofinanciación
El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha referido en la rueda de prensa a otras cuestiones relativas a su cartera. En primer lugar, ha expresado su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea para la próxima Política Agraria Común (PAC). En concreto, ha criticado la “disminución muy sensible de fondos”, del 22% para la agricultura y en dos tercios para la pesca, y ha cargado contra la idea de “cofinanciación” con los Estados. “Rompe el mercado interior y crea unas desventajas competitivas que nos parecen absolutamente inadecuadas”, ha sentenciado.
Al mismo tiempo, ha pedido a Bruselas que “reconstruya” la estructura de política agraria y pesquera, que en su opinión “aparecen claramente desdibujadas” en el último planteamiento. La respuesta del Gobierno, ha dicho, “es unánimemente apoyada tanto por las comunidades autónomas como por parte de las organizaciones representativas” del sector.
Un proyecto de ley contra la pesca ilegal
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley para mejorar el control y las sanciones a la pesca ilegal. Según ha explicado, se trata de ajustar la norma española a la comunitaria para establecer nuevas medidas de control, sobre todo para los buques de eslora inferior a 12 metros. Para ello, se “moderniza” también el régimen sancionador.
“España es la primera flota de la Unión Europea si sumamos todos los parámetros físicos existentes de potencia, de tonelaje y de número de buques. Pero además tenemos presencia en prácticamente todos los mares y océanos del mundo. Ello conlleva una particular responsabilidad”, ha afirmado, y ha asegurado que el sector español es “pionero en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada”.
