La Abogacía del Estado ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo el levantamiento de la suspensión cautelar del derecho al voto para los nacionalizados bajo la conocida como ‘ley de nietos’. Los servicios jurídicos del Estado argumentan que el repentino adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre hace “materialmente imposible” revisar individualmente los expedientes afectados a tiempo, lo que derivaría en una privación irreversible de un derecho fundamental.
El escrito de alegaciones, presentado este jueves 8 de octubre de 2026 antes del límite legal fijado por el Alto Tribunal, responde al escenario abierto tras la disolución del Parlamento por parte del Ejecutivo. Al adelantarse los comicios, los plazos marcados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) obligan a que el censo electoral definitivo tenga que estar disponible este mismo lunes 12 de octubre.
Imposibilidad material de aplicar la suspensión
La representación del Estado detalla que la base de datos del Registro de Matrícula Consular no discrimina informáticamente qué ciudadanos inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática o por otra vía. De este modo, cumplir la cautelar dictada en septiembre por el Supremo exigiría cruzar datos y revisar de forma manual, caso por caso, cerca de 170.000 expedientes de electores repartidos en consulados de todo el mundo.
“Con los plazos indicados de la LOREG, el esquema de suspensión, revisión y recuperación de los efectos electorales deviene imposible”, defienden los servicios jurídicos gubernamentales, alertando de que se generaría la “privación plena del derecho de sufragio activo” de miles de españoles en el exterior. Originalmente, la Administración estimaba el 1 de enero de 2027 como una fecha razonable para este análisis, un plazo que ahora se ha reducido a escasos días.
Choque contra las pretensiones de la oposición
La batalla judicial se remonta a los recursos interpuestos por el partido político Vox y la plataforma Iustitia Europa, quienes consiguieron paralizar los efectos electorales del censo de estos nuevos nacionalizados alegando la necesidad de proteger la transparencia ante un incremento exponencial de votantes extranjeros. Tras conocerse el adelanto electoral, ambas organizaciones exigieron nuevas medidas urgentes para asegurar que la suspensión se ejecute estrictamente el 29 de noviembre.
La Abogacía del Estado ha cargado con dureza contra estas nuevas peticiones de Vox, acusando a la formación de incurrir en “defectos procesales” y de intentar usar al Supremo para “eliminar el derecho de voto de los españoles que proceden del exilio exterior en contra de la constante voluntad del Congreso de los Diputados”. Tras recibir todas las alegaciones del caso, se espera que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resuelva la situación de forma conjunta la próxima semana.
