La pobreza y el riesgo de exclusión social afectan ya al 25,9% de la población en España, lo que se traduce en más de 12 millones de personas atrapadas en la vulnerabilidad socioeconómica. Así lo revela el XVI Informe anual El Estado de la Pobreza 2026, presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), el cual sitúa el encarecimiento de la vivienda y la brecha territorial como los grandes motores de la desigualdad.
El estudio, basado en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), expone una profunda fractura social donde las mujeres (28%) y los menores de 18 años (36,8%) sufren el mayor impacto. Además, la pobreza monetaria estricta ya alcanza al 19,5% de los ciudadanos, quienes subsisten en hogares con ingresos inferiores a los 1,018 euros mensuales.
La crisis habitacional se consolida como el principal lastre financiero para las familias. Según el informe, casi el 30% de las personas en situación de pobreza debe destinar más del 40% de sus ingresos exclusivamente al pago del alquiler o la hipoteca. Esta presión se ve agravada por un severo déficit de vivienda social, ya que España cuenta con apenas 1,3 inmuebles de alquiler social por cada 100 habitantes, muy lejos de la media europea.
Asimismo, el informe alerta de una división geográfica cada vez más pronunciada entre el norte y el sur del país, con una brecha que se ha ampliado hasta los 12,4 puntos porcentuales. Mientras que comunidades como el País Vasco (14,7%) e Islas Baleares (15,2%) registran las tasas más bajas de exclusión, regiones como Andalucía (27,7%) o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (superando el 37%) presentan una realidad crítica que requiere, según los autores del estudio, una intervención pública urgente en el mercado inmobiliario y un blindaje de la protección social.
