El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo de liquidación del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.
Argumentan que tanto el procedimiento como la naturaleza del impuesto vulneran principios constitucionales y atentan contra la autonomía regional.
La decisión coincide con la publicación de la recaudación de este impuesto en 2023, que ha generado 623 millones de euros a nivel estatal, siendo la mayor parte de Madrid debido a la bonificación del 100% en el impuesto de Patrimonio desde 2008.
La Comunidad de Madrid sigue considerando este tributo como perjudicial para la inversión y la recaudación.
El Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, asegura que el impuesto invade las competencias de las comunidades autónomas, lesiona la seguridad jurídica y viola el principio de lealtad institucional.
Advierten que esto afectará negativamente a la inversión y las empresas en la región, estimando una pérdida anual de inversión extranjera de entre 1,200 y 1,600 millones de euros, así como la pérdida de 13,000 contribuyentes y 5,000 millones en ingresos.
Como contrapeso, el Gobierno madrileño busca implementar un incentivo del 20% en el IRPF autonómico para nuevos inversores.
Esta medida refleja la constante controversia en torno a los impuestos a las grandes fortunas y cómo impactan en la inversión y la economía regional.
You must be logged in to post a comment Login