La concesión a Cataluña de un sistema fiscal propio –que es el fin que pretenden alcanzar el Gobierno PSOE-Sumar, Salvador Illa y las fuerzas independentistas–, provocaría un efecto cascada en el resto del Estado con consecuencias imprevisibles.
Comenzaría por un preocupante inestabilidad financiera y presupuestaria, porque Cataluña dispondría de más recursos, lo que le permitiría gastar más y aumentar el déficit conjunto; la Administración Central tendría que asumir un mayor déficit para poder hacer frente a los servicios que financia y gestiona –pensiones, paro, ingreso mínimo, sanidad…– si pierde la recaudación generada en Cataluña de los impuestos estatales que ahora recibe; las regiones ricas deberían hacer una mayor aportación a las que tienen menores recursos, disminuyendo la capacidad financiera de todas ellas; la inseguridad jurídica incrementaría el coste de la deuda por la disminución de ingresos y por el impacto negativo en la actividad económica, aumentando el déficit; y, finalmente, el mayor volumen de deuda consumiría un mayor gasto en intereses.
Por tanto, gobiernos regionales, altas instituciones del Estado, asociaciones de empresarios, los inspectores y técnicos de Hacienda, el Consejo de Economistas, «thinks tanks» como Fedea, Funcas, IEE, BBVA Research, incluso la Comisión Europea han mostrado su preocupación, cuando no su rechazo frontal, por ser un acuerdo «ilegal, insolidaria, injusto, empobrecedor y, a efectos de aplicación formal, imposible de llevarse a cabo en el medio plazo».
En la actualidad, las comunidades autónomas reciben del Estado el 50% del IRPF y del IVA, el 58% de impuestos especiales de fabricación y el 100% del impuesto de matriculación, entre otros. Su equivalencia en fondos directos para Cataluña es muy relevante: 27.500 millones. Si el modelo de financiación singular llega a aplicarse en su totalidad, la región pasaría a recaudar el 100% de los tributos aportados por los contribuyentes con primera residencia en la comunidad –al margen de los 52.000 millones de carácter local de los municipios catalanes–.
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