La fiscal propuesta por el Gobierno para situarse al frente Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, muy próxima a su antecesor en el cargo Álvaro García Ortiz —dimitido este lunes tras su condena por un delito de revelación de datos —, acumula más de 30 años de experiencia en el Ministerio Público. La mayor parte de su trayectoria la ha dedicado a la lucha contra la violencia de género: primero como delegada para la Sección de Violencia sobre la Mujer en Madrid y después como fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.
Peramato, de 63 años, se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca e ingresó en la carrera fiscal por oposición en 1991 después de ejercer como abogada durante dos años. Es también Letrada de la Administración de Justicia en excedencia. En los primeros 14 años de su carrera profesional pasó por las fiscalías de Tenerife, Valladolid, Barcelona, y Madrid y en este último destino fue nombrada en 2005 como fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer.
Precisamente, al anunciar su propuesta de nombramiento, el Ejecutivo ha señalado su amplia trayectoria en materia de lucha contra la violencia de género y su dedicación en este ámbito, como una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta área.
En 2007 también fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
Su prioridad, “mejorar al máximo la respuesta judicial” ante la violencia de género
Peramato fue entre 2018 y 2021 fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, donde se ocupó de los recursos de súplica, recursos de amparo y cuestiones de inconstitucionalidad en materia penal y civil. A partir de mayo de 2021, coincidiendo con los primeros meses de desescalada tras la pandemia de COVID, Peramato fue promovida a la categoría de Fiscal de Sala y nombrada por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, cargo en el que se mantuvo hasta 2025.
Nada más conocerse su nueva responsabilidad, fue entrevistada en Las Mañanas de RNE, y señalaba como principal reto, el que siempre había “orientado” a la Fiscalía General del Estado, “mejorar al máximo la respuesta judicial tanto en el ámbito de la protección como de la responsabilidad penal con contundencia y dentro de lo que marca la ley”.
Apoya la ley del ‘solo sí es sí’, como “paso adelante” para proteger a las víctimas
Sobre la ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley del “solo sí es sí”, Peramato consideraba que suponía “un paso adelante para proteger a las víctimas de violencia sexual, a todas”. Así lo afirmaba en una entrevista realizada en Las Mañanas de RNE hace tres años, en la que señalaba que de acuerdo con los últimos dados de Interior, la mayoría de las víctimas de violencia sexual son mujeres, niñas y niños, que representan el 85%.
Y valoraba especialmente que se hubiera “colocado el eje fundamental de atención en el consentimiento afirmativo”, es decir en que se considerase agresión sexual “todo acto sexual que no cuente con el consentimiento expreso voluntario y libre de la victima”. De esta forma, apuntaba la fiscal, se elimina “la violencia o la intimidación y por tanto la oposición y la resistencia de las víctimas de los tipos penales” y se le da “una mayor protección a todas las víctimas”.
Convencida de que la protección de las víctimas de violencia de género tiene que ir de la mano de la protección de sus hijos e hijas, ha batallado mucho para que la Fiscalía pida la suspensión de las visitas a padres maltratadores, como establece la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Ha dedicado una especial atención a estudiar los posibles fallos del sistema de protección judicial de las víctimas para tratar de darle solución.
Una fiscal cercana a García Ortiz
Durante el mandato de García Ortiz, fue designada fiscal delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal y jefa de la sección penal del Tribunal Supremo, cargo que compartía con otros tres fiscales.
Más recientemente, en 2024, Peramato fue nombrada nueva fiscal jefe de la sección penal del Tribunal Supremo, a propuesta del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El nombramiento no contó con el apoyo de los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) ni el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Peramato pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, una de las asociaciones en la que coincidió con García Ortiz y de la que fue presidenta entre junio de 2019 y octubre de 2021. Sin embargo, no tiene una adscripción política definida.
Una vez que el Consejo de Ministros proponga este martes a Peramato como sustituta de García Ortiz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá emitir un informe, aunque no será vinculante, según han explicado fuentes gubernamentales. Después, la sucesora de García Ortiz comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y, una vez que se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.
Las asociaciones de fiscales señalan su rigor y trayectoria
En su ámbito profesional, Peramato es considerada una mujer de carácter, muy rigurosa, trabajadora e inteligente y así lo han reconocido las asociaciones judiciales y de fiscales mayoritarias que han mostrado su confianza en ella tras conocer su propuesta de nombramiento.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que forma parte Peramato, ha aplaudido su elección como sucesora de García Ortiz al considerar que “encarna de manera sobresaliente las mejores virtudes” de la carrera fiscal “para ser una magnífica fiscal general del Estado”. Aseguran que como “fiscal de carrera con más de 35 años de servicio público, es “ampliamente respetada por la judicatura, la abogacía, los operadores jurídicos y por la propia carrera fiscal” y señalan en un comunicado su “rigor profesional, el sentido institucional y defensa de los derechos fundamentales”.
“Es una mujer que tiene una larga trayectoria, una profesional brillante, nada que objetar de inicio a esa propuesta”, asegura la portavoz de otra la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, que al mismo tiempo advierte sobre la necesidad de que, tras la “polémica” por la situación procesal del anterior fiscal general, la próxima responsable de la fiscalía “se ocupe de ganar o de recuperar el prestigio del Ministerio Público, sobre todo la imagen de imparcialidad de que somos una Fiscalía por y para todos los ciudadanos”.
Por su parte, la portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Marien Ortega, ha expresado su confianza en que la designación de Peramato como candidata a fiscal general del Estado permita la recuperación del “normal funcionamiento” de la Fiscalía, tras la condena impuesta a su predecesor. Su “abre un nuevo periodo tras el daño institucional que ha sufrido el Ministerio Público durante estos meses” en los que García Ortiz ha estado sometido a investigación por un delito de revelación de secretos en el Tribunal Supremo.
El portavoz de la asociación de Juezas y jueces para la Democracia (JjPD), Edmundo Rodríguez, ha señalado que la fiscal propuesta por el Gobierno atiende a las “exigencias de idoneidad propias del cargo” porque se trata de una fiscal de Sala del Supremo con una “dilatada experiencia” y un “compromiso incuestionable en materia de violencia de género”.
