El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado este lunes una carta a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Islas Baleares y Comunidad de Madrid instándoles a que pongan en marcha el registro de médicos objetores de conciencia que establece la ley que regula el aborto, de tal manera que se garantice el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
De esta manera, el Gobierno ha dado un primer paso, que es enviar un requerimiento formal a los presidentes y presidentas de estas comunidades para que adopten, con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias para crear y regular este registro de objetores, y les avisa de que, en caso de que transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento no se haya ejecutado, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento.
“Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, dice la misiva remitida por el jefe del Ejecutivo.
Registro de objetores de obligado cumplimiento
En la carta, el presidente insiste en que este registro es de “obligado cumplimiento y recuerda que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en 2024 este protocolo por unanimidad.
“Casi un año después, Aragón, el Principado de Asturias, Illes Balears y la Comunidad de Madrid siguen sin cumplir con la prescripción de una ley cuyo objetivo es garantizar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propias vidas, y que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional”, continúa la carta, que concluye: “La falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres”.
Fuentes del Gobierno han asegurado que el Gobierno da un paso más- con este requerimiento- para “garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad”.
Redondo: hay que hacer compatible el derecho al aborto y la objeción
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dicho, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) que es necesario “hacer conciliables” el derecho al aborto y la objeción de conciencia y denuncia que hay comunidades que “incumplen sistemáticamente” la ley.
Ha hecho referencia a que la creación de ese registro de objetores junto con un hospital público de referencia para la interrupción voluntaria del embarazo son exigencias legales y en la línea de la carta del presidente ha dicho que “se está requiriendo a las comunidades para que cumplan con el registro de objetores” con el fin de que “no haya mujeres de primera y de segunda en territorios español”.
Redondo ha destacado que son muchas las mujeres que tienen que interrumpir el embarazo en la sanidad privada: “No se está cumpliendo la ley, esa es la dura realidad y hay muchas mujeres que tienen dificultades. (…) Se trata de homologar el derecho, de permitir que todas las mujeres puedan ejercerlo con libertad y en condiciones de igualdad en todo el territorio”, ha añadido.
Ayuso cree que Sánchez “señala” a sanitarios
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que no es partidaria de que “se persiga o se señale” a ningún profesional sanitario por “practicar o no querer practicar un aborto”, y ha considerado que esta “estigmatización” no es propia de una democracia liberal.
Ayuso se ha referido así a la carta de Sánchez para decir que se tomará su tiempo para ser “certera” en su respuesta a Sánchez y ha recalcado que igual que siempre ha defendido que no hay que perseguir ni señalar a nadie por abortar o por no hacerlo, tampoco hay que perseguir ni señalar a nadie por practicar o no querer practicar abortos, y que no cree que la “estigmatización” sea propia de una democracia liberal, según informa Efe.
Aragón creará el registro “sin ningún problema”
Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha respondido públicamente al requerimiento de Sánchez y ha dicho que su Gobierno cumplirá con la ley del aborto, que obliga a las comunidades a crear un registro de objetores de conciencia, pero ha acusado al presidente del Gobierno de usar este asunto para desviar la atención sobre sus “problemas de corrupción”.
“Cumpliremos lo que diga la ley, pero la verdad de lo que hay detrás de eso es otra”, ha afirmado Azcón, quien ha estimado que Sánchez “quiere poner el aborto en el centro del debate” porque no quiere que se hable de que “hay indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el Partido Socialista se está financiando de forma ilegal”.
El presidente aragonés ha recordado que la ley que regula el registro de objetores es de 2010 y “ahora Sánchez se acuerda” de que hay algunas comunidades que “quince años después” no han cumplido con una parte de esa ley. Azcón ha recalcado que su Gobierno “respeta y respetará siempre las leyes”, y que el registro se pondrá en marcha “sin ningún problema”. Nadie está “cuestionando” la ley en este momento, ha reconocido el presidente aragonés.
Baleares dice que el aborto “está garantizado” aún sin registro de objetores
La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que en Baleares está garantizada la prestación del aborto en la sanidad pública aunque todavía no cuente con un registro de médicos objetores: “La asistencia está asegurada en cualquiera de los hospitales de la salud pública de Baleares con lo que nosotros estamos cumpliendo la ley“.
La consellera ha admitido que Baleares no cuenta todavía con dicho registro, pero está trabajando en el decreto para hacerlo posible, que “está en vías de desarrollo, tiene que pasar por el Consultiu, por el Institut Balear de la Dona, y contar con los informes pertinentes”, en declaraciones realizadas durante un acto público y facilitadas por la Conselleria. “Lo tendremos”, ha respondido sobre el plazo de 3 meses que ha fijado el presidente para cumplir con ese trámite legal.
La mayoría de las IVE, en centros privados
La pasada semana el Ministerio de Sanidad dio a conocer el informe definitivo sobre interrupciones voluntarias de embarazo que cifra en un total de 106.172 mujeres las que abortaron en 2024, lo que supone un incremento de 3.075 casos respecto al año anterior y un 2,98% más. Un balance que determina que el 78,74% de los procedimientos se realizaron en centros privados (concertados o no) y un 21,25% en hospitales públicos.
El Gobierno anunció el pasado este viernes que propondrá una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna “para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”, y además, impedirá que las que quieren interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica, empezando para ello por la modificación del Real Decreto 825/2010.
Todo ello a raíz de la polémica después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara una iniciativa de Vox que insta a que se informe en los centros municipales sobre el ‘trauma post aborto’ a las mujeres que acudan a interrumpir su embarazo en la capital, que el propio Gobierno de Sánchez estudia impugnar.
