La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria, integrada por Comunidades Autónomas, la Aesan y la Dirección General de Salud Pública, establecerá un grupo de trabajo para examinar los riesgos asociados a las bebidas energéticas y evaluar posibles regulaciones que restrinjan su venta a menores.
La propuesta, liderada por Aragón, busca consensuar una postura común entre las regiones y el Gobierno central para abordar la prohibición, considerando los efectos negativos como la sobreestimulación del sistema nervioso y cardiovascular en adolescentes, según la directora general de Salud Pública de Aragón, Nuria Gayán.
La iniciativa surge ante la creciente preocupación por el aumento del consumo de estas bebidas entre los menores, especialmente combinadas con alcohol.
Datos de la encuesta ESTUDES revelan que el 39% de los adolescentes aragoneses entre 14 y 18 años las consumió en el último mes, un 16% mezcladas con alcohol.
Ante este escenario, la Comisión pretende abordar la cuestión con una perspectiva que incluya tanto la evaluación de riesgos como la posible participación del sector, instándolo a adoptar buenas prácticas y a evitar la promoción del consumo en edades tempranas.
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