En un contexto de crisis energética y esfuerzos por reducir la dependencia del gas ruso, la Unión Europea (UE) se plantea prorrogar una medida excepcional adoptada hace un año.
La decisión permitiría acelerar la autorización de parques eólicos y fotovoltaicos, eximiendo en ciertos casos la evaluación de impacto ambiental.
Aunque inicialmente, se busca extenderla hasta junio de 2025, generando tensiones entre empresas renovables, defensores del territorio y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, encargada de liderar el acuerdo en el Consejo de Energía.
La propuesta de la Comisión Europea incluye exenciones para proyectos de energías renovables y almacenamiento de energía, desatando debates sobre la modificación del entorno y posibles perjuicios económicos.
Mientras algunos sectores instan a agilizar el proceso para cumplir objetivos de generación, otros, como plataformas de defensa del territorio, expresan preocupaciones.
La posible extensión de la medida excepcional busca cubrir el tiempo hasta que los países incorporen la nueva Directiva Renovables, aprobada en marzo de este año, que establece plazos máximos para la autorización de parques renovables.
En la misma reunión del Consejo de Energía, se discutirá la prórroga de un tope de 180 euros/Mwh al precio del gas, y la extensión de la plataforma de compras conjuntas de gas hasta diciembre de 2024.
Estas medidas, originalmente motivadas por la crisis energética de 2022, buscan mantener la estabilidad en el sector y abordar los desafíos actuales.
La decisión se tomará bajo procedimientos de urgencia, evitando la aprobación del Parlamento Europeo.
La vicepresidenta Ribera también presidirá el Consejo de Medio Ambiente para abordar los resultados de la Cumbre del Clima de Dubái y buscar una posición común sobre el nuevo reglamento de envases y residuos de envases, con la propuesta de que todos los envases sean reciclables para enero de 2035.
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