El presidente Pedro Sánchez anunció una inversión de 2.400 millones de euros para ampliar el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, generando tensiones dentro de la coalición gubernamental.
Aunque se espera un fuerte crecimiento y la creación de empleos, miembros de Sumar, el socio menor, critican la medida como un “despropósito económico y ecológico”, acusando al PSOE de alejarse de sus compromisos ambientales.
La fricción se extiende a ERC, con desacuerdo sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat en Barcelona.
A pesar de la falta de consenso interno, el Gobierno también planea remodelar otros aeropuertos a lo largo de la legislatura.
La ampliación del Puerto de Valencia también genera controversia, enfrentando críticas de ecologistas y partidos de la coalición por posibles impactos medioambientales.
En medio de la discordia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respalda la expansión de Barajas, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende las inversiones argumentando la necesidad de adaptarse a la demanda y convertir El Prat en un hub internacional.
La divergencia en las decisiones de infraestructuras y medio ambiente plantea interrogantes sobre la cohesión en el Gobierno español.
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