El Gobierno insiste en la inocencia de Gómez tras los informes de la UCO y Hacienda

Un día después de que la UCO remitiese correos electrónicos al juez Peinado en los que la asesora de Begoña Gómez realizó “gestiones” con la Complutense para la gestión de su máster, junto con la publicación de un informe de Hacienda en el que se apuntaba posible fraude y discriminación en contratos adjudicados a Barrabés recomendados por Gómez, el Gobierno insiste en su inocencia.

“Los mensajes mandados desde una cuenta de gmail lo que trasladan es lo que ya sabíamos, porque se había dicho en sede judicial. Conocemos lo que ya sabíamos”, porque “en ningún caso” aparece el nombre del Gobierno ni el de Pedro Sánchez, ha insistido la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

La ministra de Educación también ha señalado que este lunes también se conoció “un escrito de alegaciones de la Fiscalía y que en el primer párrafo traslada con calidad que no hay ningún caso de malversación de caudales públicos”. Delito por el cual el juez Peinado investiga a la mujer del presidente del Gobierno. “Estamos donde estábamos hace un año y medio, con una instrucción que ha ido mutando y el final siempre es el mismo: no hay nada porque no hay nada que encontrar”, ha recalcado Alegría.

“Es verdad que ayer conocimos varios informes, el escrito de la Fiscalía con las alegaciones, también la UCO dice que no hay ningún tipo de irregularidad y el de la fiscalía europea (Hacienda) que lógicamente traslada esas observaciones e irregularidades, pero que en ningún caso implican delito alguno”, ha añadido la ministra.

Concretamente, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, detectó un posible fraude de ley y discriminación, en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que incluían cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el marco de las pesquisas de la Fiscalía Europea por la posible afectación a fondos europeos.

“Ese tipo de observaciones se ciñen al procedimiento de contratación que lleva vigente desde 2011, con un mismo procedimiento de contratación y con el que se han resuelto 1.600 expedientes. Ha habido 33 auditorías y en ningún caso se ha observado anomalía ni cuestionado el sistema”, ha defendido la portavoz del Gobierno en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El Gobierno insiste en su “intención” de presentar presupuestos

Este martes se cumple el plazo formal para presentar los presupuestos generales del Estado (PGE) y el Ejecutivo no ha aprobado ni el techo de gasto ni la senda de estabilidad, ambos pasos necesarios para presentar sus cuentas.

La Portavoz ha asegurado que “la intención del Gobierno sigue siendo presentar a la mayor brevedad posible el techo de gasto y la senda de déficit”, ha señalado Alegría. “Hay conversaciones con el resto de fuerzas políticas y entre ministerios, tampoco les descubro nada nuevo, la voluntad del Gobierno sigue siendo presentar y lo antes posible”, ha insistido justo en el día en el que se cumple la fecha límite para presentar las cuentas en tiempo y forma, según la Constitución.

Alegría ha justificado la extensión de los plazos dada “la complejidad parlamentaria”. “Cuando tienes un Congreso con una complejidad parlamentaria como la que es, y tienes que hablar y debatir con distintos grupos, pues esto te lleva a tener que alargar algo más los plazos”.

Fuentes de Moncloa dan por hecho de que los van a presentar, pero dudan si llegarán o no a tiempo al 31 de diciembre para presentarlos. Además, añaden que la senda de estabilidad y techo de gasto se conocerá “la semana que viene o la siguiente”.

El Gobierno dio el pistoletazo de salida a las cuentas públicas de 2026 a principios de septiembre, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial para la elaboración de los PGE, pero a un día de que expire el plazo que contempla la ley para enviarlo al Congreso, parece que no se va a poder cumplir. Por el momento.

El Ejecutivo lleva más de 1.000 días con las cuentas prorrogadas, que entraron en vigor el 1 de enero de 2023. La última vez que el Gobierno consiguió aprobar unas cuentas públicas fue en diciembre de 2022, desde entonces o no han sido presentados o algunos socios parlamentarios como Junts en verano de 2024 han tirado el techo de gasto, paso previo indispensable para poder elaborar las cuentas.

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