El Gobierno ha iniciado el proceso para pedir la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), un movimiento que ya comenzó en junio de 2024, y así se lo ha trasladado a la entidad, a la que da un plazo de 10 días para alegar. Lo hace en base a la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática y tras concluir que su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general. Con todo, será la Justicia quien tenga la última palabra.
El Ministerio de Cultura había pedido un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para llegar a las conclusiones a las que ha llegado en una resolución firmada por el ministro, Ernest Urtasun.
Apología del franquismo y menosprecio a las víctimas
El ministerio defiende que la FNFF (constituida el 8 de octubre de 1976) utiliza recurrentemente sus canales de comunicación (notas de prensa, entrevistas, sitio web y redes sociales) para difundir una narrativa centrada en la figura de Francisco Franco y los símbolos del régimen, mientras las actividades supuestamente orientadas a la cultura, investigación científica o educación resultan casi inexistentes. Asimismo, tras analizar los “aproximadamente 5.500 textos” de la web de la fundación, Cultura indica que su actividad principal es “proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo”.
Además, el Gobierno aprecia “un menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe” en las comunicaciones realizadas por la FNFF. El informe identifica tres patrones de humillación: descalificación de las víctimas y sus historias; negación y minimización de sus daños y apropiación y relectura sesgada de la historia. Todo ello, asimismo, va en contra de la Ley de Memoria Democrática.
Por ejemplo, el documento resalta “el negacionismo de la represión en materias extremadamente sensibles como la toma de Badajoz por los rebeldes, la destrucción de Guernica, los niños robados y la construcción del Valle de Cuelgamuros” en los mensajes de la Fundación.
El informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD) recoge también las referencias de la FNFF sobre la Guerra Civil: “Málaga liberada” o “la Liberación de Caspe (Zaragoza) Por las Tropas Nacionales”.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido el expediente porque la fundación, ha dicho, “menosprecia el sufrimiento de las víctimas” del franquismo y “enaltece el golpe de Estado” de julio de 1936. En declaraciones a la prensa coincidiendo con el día de homenaje a las víctimas del franquismo, Urtasun ha asegurado que hay “una evidencia sólida” de que la Fundación Franco “no cumple la ley de memoria democrática”.
La Fundación niega humillar a las víctimas y alegará
En una nota difundida a los medios, la Fundación Francisco Franco cree que la resolución del Ministerio de Cultura carece de “fundamento” y, aunque admiten hacer apología del franquismo, niegan que se humille a las víctimas, por lo que alegará la resolución del Ministerio. Además, creen que la iniciativa va dirigida a “desviar la atención pública” ante los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo.
La FNFF subraya que la resolución “dedica la mayor parte de su contenido a fundamentar lo obvio”, la apología del franquismo, algo que no niegan y que dicen que “es un imperativo moral del que esta Fundación se honra”.
Sin embargo, critican que “tan solo dos o tres páginas” van dirigidas a tratar de justificar la existencia de menosprecio o humillación de las víctimas “sin hacer referencia a la más mínima prueba directa que permita acreditar dicha humillación o incitación al odio (porque no las hay)”.
Por ello, acusan al Gobierno de hacer una interpretación “extensiva de una norma desfavorable” en virtud de la cual la apología del franquismo “implica per se dicha humillación o menosprecio” al subrayar el carácter “negacionista” de la fundación o tildarla de “minimizadora de daños”. Algo que, a su juicio, “supone una escandalosa vulneración del derecho a la libertad ideológica, de expresión y de cátedra recogidas en los artículos 16 y 20 de la Constitución Española”.
Por último, la FNFF dice que solo en el contexto de “la sombra de las más graves sospechas de corrupción” en el Gobierno debe enmarcarse esta iniciativa, “tan carente de fundamento jurídico, como trufada del trazo grueso y sectarismo propio de un gobierno empeñado en levantar de nuevo un muro entre los españoles”.
Un proceso iniciado en 2024
En junio de 2024, el ministerio abrió un periodo de actuaciones previas para la extinción de la FNFF, un acuerdo que se dictó para recabar información con el fin de llevar a cabo dicha extinción, una tarea que recaería sobre el Registro de Fundaciones (que posteriormente indicó que no era de su competencia atender a esta solicitud) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD).
En mayo de 2025, la SEMD emitió un informe en el que concluye que la apología de la FNFF hacia el dictador es contraria al interés general y a las leyes. Además, ya en diciembre de 2024, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que la fundación está “en sus últimos días”, aunque el Gobierno no pretende ilegalizarla, sino “extinguirla”.
Tras recabar esta documentación, se ha elaborado el inicio de procedimiento previo a la extinción judicial, que es el documento hecho público este viernes, también notificado a la propia FNFF. La resolución del procedimiento será decisión de los jueces.
