El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado el archivo de la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. Además, ha ampliado la causa con más diligencias y una nueva imputación, la de Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia.
En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado también ha decidido mantener la causa para la asesora de la esposa del jefe del Ejecutivo en Moncloa Cristina Álvarez por los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y contra el delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín Aguirre por el delito de malversación de caudales públicos.
También, de acuerdo con el auto, el juez ha decidido mantener la causa para el empresario Juan Carlos Barrabés Cónsul por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, señalaba en un informe conocido el pasado mes de septiembre, que había detectado un posible fraude de ley y discriminación, en contratos adjudicados a Barrabés recomendados por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el marco de las pesquisas de la Fiscalía Europea por la posible afectación a fondos europeos.
Nueva imputación por un presunto delito de malversación de caudales públicos
Respecto de Judith Alexandra González, la nueva imputada por un presunto delito de malversación de caudales públicos, el juez la ha citado para declarar el 12 de noviembre a las 9:30 horas, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, por el que se comunica la imputación. Y detalla que a dicha comparecencia deberán acudir las acusaciones y defensas personadas para concretar la acusación; y escuchar su testimonio como investigada.
El juez se apoya en la sentencia del procés, dictada por el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena para apuntalar la investigación por el delito de malversación de caudales públicos.
“Lo que viene a enseñarnos el Tribunal Supremo, es que, la deslealtad en la administración de fondos públicos, constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que, se cause detrimento o perjuicio económico definido, en destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado”, afirma el magistrado en el auto.
Peinado usa una metáfora sobre robar gallinas
En relación con la figura de “asistenta de la esposa de Presidente de Gobierno” y su existencia en anteriores Ejecutivos, el juez Peinado rechaza comparar la situación de la asesora de Begoña Gómez, con casos similares que se han dado y ha argumentado que no puede utilizarse el argumento de que “como esa persona ha robado una gallina, yo puedo robar tres o cinco gallinas”.
Y continúa el juez explicando por qué rechaza comparar la contratación de la asesora de Begoña Gómez con otras asistentes en Ejecutivos anteriores con un ejemplo sobre la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y dice que no se puede argumentar que como esa otra persona ha conducido “superando la tasa de impregnación alcohólica de 0,60 miligramos de alcohol yo puedo conducir, igualmente, superando una tasa de 1,5 miligramos de alcohol por litro expirado y además, habiendo consumido sustancias estupefacientes, constituyendo un grave peligro para la seguridad del tráfico”.
En el mismo auto en el que rechaza el archivo de la causa, el juez accede a varias de las diligencias solicitadas, entre ellas la de requerir a la Presidencia del Gobierno para que remita al juzgado las agendas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez y el análisis posterior de la UCO para determinar su las actividades realizadas por ambas a la vez o solo por la asesora, estaban en relación a actividades personales o profesionales de Begoña Gómez.
También solicita que las dos investigadas aporten sus pasaportes con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas. El juez también requiere a que ambas investigadas aporten todos los correos electrónicos y los soportes cruzados entre ellas.
A la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno también requiere que remita de forma íntegra y documentada toda la información sobre los viajes de Cristina Álvarez sufragados con fondos públicos, incluyendo órdenes de comisión de servicio, autorizaciones de desplazamiento, facturas, liquidaciones o justificantes de pago.
También pide que la Secretaría de la Presidencia identifique los destinos de todos los viajes, desplazamientos y misiones de servicio, así como el pago de dietas, gastos de representación y anticipos —para gastos como comidas y transportes— o el uso de medios públicos —coche oficial, servicio de chófer y datos de posibles personas dependientes jerárquicamente de la asesora—. Todo ello entre el periodo comprendido desde su contratación, el 16 de julio de 2018, hasta la fecha actual.
